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Contracorriente

Voltear a ver a Nuevo Laredo

Maite Azuela

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Como una afrenta al vacío de propuestas serias sobre seguridad fronteriza y ante la ceguera de quienes pretenden definir el rumbo del país, a unos días del segundo debate de candidatos presidenciales, los familiares de 43 desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron un plantón en el Puente Internacional III.

Su protesta responde a una de las condiciones que desafortunadamente se ha vuelto una constante en nuestro país: la desaparición forzada. Solicitan el retiro de las fuerzas armadas de sus calles, pues, de acuerdo con sus declaraciones, identifican a algunos de los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) como responsables de las desapariciones. Han presentado denuncias de graves violaciones a derechos humanos, presuntamente perpetradas por la Marina ocurridas y documentadas desde febrero hasta las dos primeras semanas de mayo.

Los manifestantes denuncian que en las desapariciones de sus familiares éstas eran levantadas en la vía pública a altas horas de la noche o de madrugada. En sus denuncias hay denominadores comunes: la presencia de camionetas blancas que ellos identifican como propiedad de la Marina y en otros casos se replica la calcinación de vehículos en que las víctimas viajaban, los cuales son abandonados en orillas de carreteras.

Le precede a esto un evento que muchos no podemos olvidar. El 24 de marzo por la noche, en plena avenida Luis Donaldo Colosio, fallecieron dos menores de edad y su madre, resultando heridos el padre y otro de los hijos, víctimas de los disparos lanzados desde un helicóptero de la Marina. Fallecieron además otras cuatro personas y 12 más resultaron heridas.

Ambos hechos arrojan urgencias que deben ser atendidas. La primera radica en la vulnerabilidad que perciben los ciudadanos de Tamaulipas ante las presuntas acciones de algunos integrantes de las fuerzas armadas y la incertidumbre que se ha mantenido tras la nula información recibida sobre las investigaciones de sus familiares desaparecidos. Otra, que fue incluso señalada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es el uso excesivo de la fuerza con el que se viola incluso el marco jurídico de las propias fuerzas armadas (los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la ONU, que están contemplados en el manual del uso de la fuerza de las fuerzas militares mexicanas).

Una estrategia de seguridad fronteriza tendría que considerar entre sus prioridades cuando menos la seguridad plena de los habitantes de las zonas periféricas, la certificación de los integrantes de las fuerzas armadas encargados de custodiar su seguridad e incluso el retiro progresivo de los integrantes castrenses acompañado del fortalecimiento de custodias policiacas no militarizadas que generen confianza entre la ciudadanía. Merecemos más propuestas que atiendan estas emergencias. La superficialidad y hasta comicidad con la que se abordan estas tragedias, es francamente irresponsable porque alimenta la negligencia.

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