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Martes , 14.08.2018 / 20:55 Hoy

Contracorriente

Verdad y memoria para el norte de Coahuila

Maite Azuela

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Si hay historias escalofriantes que relatan los niveles de violencia que vive nuestro México, son las experiencias de quienes han dado testimonio de la realidad de los centros penitenciarios. Para integrar estas turbadoras narraciones y tejerlas metodológicamente en una investigación sustentada se requiere no solo de valentía, sino de calidad en la investigación y soporte institucional.

“El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011” es un texto que cuenta con los tres elementos. Sus autores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán presentan una connotación de hechos que se desprenden de documentos testimoniales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Coahuila y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta última además auspició la investigación, bajo la responsabilidad del Colegio de México, respetando totalmente la metodología, el contenido y el formato del texto.

Los detalles de sadismo y locura colectiva que se concentran en los testimonios entrecomillados de la investigación, dibujan la impunidad imperante en el penal de Piedras Negras y sugieren un contexto de complicidades omnipresentes. El texto esboza las responsabilidades que, con acciones u omisiones, tuvieron funcionarios de todos los niveles para dejar bajo el control de Los Zetas el penal y permitir las masacres del norte de Coahuila.

Entre los testimonios que incorpora la investigación, uno de los testigos asegura que una patrulla de la policía municipal lo entregó a Los Zetas. Otro más menciona visitas de las autoridades de Satillo al Cereso que se mantenían al margen de lo que ahí sucedía. Por lo que respecta a la indiferencia del gobierno federal en aquel momento, se retoma una declaración de Adolfo Efrén Tavira Alvarado, ex administrador de producción para Televisa en Piedras Negras: “Con Los Zetas no trabajaba todo el Ejército, pero, sí, alguno sí. Ciertos grupos del Ejército sí. Con la PFP, ellos tenían acuerdos también. Si en algún momento los marinos llegaban, ellos eran los que te podrían arrestar”.

Aunque el contenido de los eventos desencadenados por la posible articulación entre crimen y funcionarios deja sin respiro a cualquiera, el que una investigación así sea posible con la colaboración de instituciones autónomas, gubernamentales y de educación superior, abre un resquicio para ventilar la asfixia.

Puede ser el inicio de un proceso de verdad y memoria que las víctimas del norte de Coahuila merecen que se materialice. Como lo señalaba Jaime Rochín, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas: “investigaciones como esta son indispensables en una democracia, son instrumentos de participación y cohesión social que con rigor metodológico e imparcialidad convocan a una reflexión de Estado”.

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