Esta semana, la voz de madres y padres de desaparecidos así como de víctimas de la guerra contra el crimen resonó, como música melancólica que deja huella en la memoria.
–Yo fui agredida por militares en 2002, desde entonces he exigido justicia. Han pasado muchos años y desde que inicie la lucha no hablaba español, pero he caminado con las personas que me han ayudado. Decenas de torturas, asesinatos cometidos por militares. Desde hace años zonas del país han sido militarizadas y ahí militares cometen desapariciones, agresiones sexuales, como fue mi caso –dijo Valentina Rosendo Cantú en el Panel Mujeres, Seguridad y Paz, el pasado martes.
–El Ejército presenció la vil agresión contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa y solo observó, no metió las manos. Cualquier ser humano, de cualquier nacionalidad hubiera reaccionado para ayudarles, pero ellos se mantuvieron como testigos –afirmó en el evento de instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa el señor Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Por si estos testimonios como representación de cientos de familias afectadas por la guerra contra el narcotráfico no fueran suficientes, tenemos, en el caso más controversial de estas semanas, la denuncia de cuatro militares por sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos. Como lo señaló este diario en una nota del 16 de enero, la PGR investiga a dos generales, un teniente coronel y un coronel por ordenar a agentes de seguridad que no dieran parte al ministerio público sobre las acciones de huachicoleo de las que tenían conocimiento.
Conformar una guardia militar con un supuesto mando civil que tenga facultades constitucionales para controlar la seguridad pública se contrapone a los esfuerzos que auténticamente se hacen desde el gobierno federal para escuchar a las víctimas y ofrecerles soluciones realmente integrales por parte del Estado Mexicano.
Lo mismo sucede mientras millones de mexicanos nos solidarizamos con la decisión del gobierno de cerrar los ductos cuando sabemos que han identificado a integrantes del Ejército como parte de la red de complicidad del huachicoleo. Aunque no son todas las fuerzas armadas las que incurren en actos delictivos y violaciones a derechos humanos, el silencio ha sido aval de quienes sí lo hacen.
El día de ayer 361 diputados votaron a favor de la instalación de una guardia militar a la que llaman nacional, con la administración a cargo de un civil, pero la operación en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Militarizaron la seguridad pública en la Constitución y construyeron un bodrio jurídico que además de lidiar con los retos de una guerra, deberá lidiar con la disputa entre instituciones.
¿En serio ven compatible la lucha anticorrupción y la búsqueda de la verdad en casos emblemáticos con una guardia militar que tiene entre sus integrantes algunos referentes de delitos y de violaciones graves a derechos humanos? De ser así, no habrá de sorprender que la buena voluntad sea derribada por el pragmatismo que se impone en una estrategia de guerra. Si el Senado no da marcha atrás a la Guardia Nacional, habrán ganado quienes empujan hacia la ruta autoritaria.
@maiteazuela
