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Martes , 16.10.2018 / 16:06 Hoy

Contracorriente

El “fuego cruzado” que abatió a una familia

Maite Azuela

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Las primeras noticias de un enfrentamiento entre la Marina y un grupo de delincuencia organizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, revelaban el lamentable deceso de uno de sus elementos además de 12 heridos que fueron atacados en ejercicio de su labor. Con esa información continuaron circulando notas que no mencionaban la muerte de civiles que resultaron víctimas mortales de otro supuesto enfrentamiento.

Fue hasta un día después que conocimos los hechos en los que se hizo pública la intervención desde el aire de un helicóptero que, la madrugada del domingo 25 de marzo, disparó a quemarropa contra dos automóviles, uno de estos conducido por el padre de dos niñas de cuatro y seis años, acompañado por su esposa.

La intención de ocultar lo sucedido fue muy clara. La Marina se deslindó de la muerte de esta familia con el argumento de que el calibre de las balas no corresponde al que ellos utilizan y asegurando que actúa en apego al Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas. Bajo ese supuesto habrían sido asesinadas por fuego cruzado a nivel de tierra. Contra estas declaraciones hay testimonios de familiares de las víctimas y de testigos de la comunidad que aseguran que los disparos fueron emitidos desde el helicóptero agrediendo a los dos automóviles. Incluso Sara Analy Ruiz Martínez, tía de las niñas, narró los hechos de la lluvia de balas y comentó que una vez que los marinos se dieron cuenta de su “error” les ofrecieron enviar una ambulancia que nunca llegó.

Las diferentes versiones no se quedan ahí: la Marina, a través de su asesor legal Juan Velázquez, ha llegado a declarar que las víctimas los acusan por dinero, que lo que les importa no es que sus familias hayan perdido la vida sino que quieren ser indemnizados. La sensibilidad por delante…

En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR realizan sus respectivas investigaciones, tenemos que preguntarnos cuál es el marco jurídico con el que las Fuerzas Armadas están operando hoy en día. La Ley de Seguridad Interior quedó suspendida por iniciativa del Presidente de la República, en tanto la Suprema Corte de Justicia decide sobre su posible inconstitucionalidad, entonces, ¿cuál es la norma que los avala?

Si entre los escenarios políticos descartamos la posibilidad de un encono social desbordado tras el proceso electoral, estaremos cometiendo un grave error, pero si además se mantiene la indefinición que desdibuja los límites de la defensa de la seguridad pública y la primacía de los derechos humanos, estaremos ignorando la repetición de estas escenas al margen total de la legalidad.

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