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Contracorriente

Disfraz y letargo para feminicidios

Maite Azuela

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Hace seis años, un 28 de octubre, Karla Pontigo salió de su casa para desplazarse al bar Play de San Luis Potosí, en el que trabajaba para complementar los gastos de la escuela. Tenía apenas veintidós años. Su mamá, Esperanza Luccioto, comparte los recuerdos que conserva de aquella última noche en que la vio. Alcanza a sonreír cuando menciona que era una joven a la que le gustaba ser alegre, tener amistades. Su rostro pierde la sonrisa de inmediato, mientras va narrando los eternos minutos durante los que recibió la noticia de que había aparecido sin vida, con un fuerte golpe en la cabeza y violentada sexualmente.

Las autoridades se negaron a reconocer que había sido un feminicidio y llevaron a cabo las investigaciones asumiendo que había sido un “accidente”. En las oficinas de ministerios públicos existe una clara resistencia para identificar el delito de feminicidio, de modo que hacen una selección discrecional de otros agravios que justifiquen las agresiones que llevaron a la muerte a mujeres como Karla.

El problema no se limita a los ministerios públicos, aunque se eleve el nivel de autoridad responsable de dar seguimiento a los casos, hay un prejuicio sistemático que no sólo entorpece la procuración de justicia, sino que promueve la impunidad que los ampara. La revictimización es el primer recurso invocado por las autoridades. Suelen responsabilizar a la víctima de su propia muerte. Recordemos el caso de Lesby Merlín o de Mariana Lima, cuyos casos en un inicio fueron tratados como
suicidio.

Es necesario entender que cuando de feminicidios se trata, debemos ser cautelosos con las cifras. Si nos resulta ya escandaloso el incremento de feminicidios reconocidos, habremos de asumir que un gran porcentaje de ellos no se registran como tales. Desde 2015 en México se ha documentado una tendencia al alza en feminicidios. De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre de ese año el país sumó 295 indagatorias por homicidios contra mujeres. Para el mismo periodo de 2016 fueron 441; en 2017 contabilizaron 547 y al corte del 30 de septiembre de este año suman 607 carpetas. Sin embargo, de cada 10 casos de feminicidio solo se investigan 3.

Sumemos a esto la dilación con la que los casos son atendidos. Hasta hoy son dos juicios los que han conseguido llegar a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El primero fue el de Mariana Lima, que abrió camino para la investigación de feminicidios, ya que su proceso documenta detalladamente los múltiples obstáculos a los que se enfrentó la defensa, tanto omisiones como violación de derechos por parte de las autoridades. El segundo caso es el de Karla Pontigo, que desde hace cuatro años fue atraído de manera unánime a la primera sala de la SCJN, sin que hoy existan avances significativos.

El marco jurídico para casos de feminicidio existe y podría dar resultados. Sin embargo, la poca voluntad de las autoridades en las diferentes etapas del proceso, impiden que se haga justicia. ¿Comprenderán que el incremento de este delito se debe en buena medida a la impunidad que con su proceder sustentan?

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