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Miércoles , 12.12.2018 / 16:36 Hoy

Contracorriente

Criminalizar defensores

Maite Azuela

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Las estrategias son varias y los aliados diversos, pero el objetivo es claramente uno: restar legitimidad a los defensores de derechos humanos que les resultan incómodos. Es difícil asumir que en instituciones tan robustas, como las fuerzas armadas, algunos no todos, pero sí algunos de sus integrantes estén dispuestos a ejercer violencia e incluso cometer delitos contra civiles, pero esto por inconcebible que parezca ha sucedido. Negarlo es irresponsable porque evidentemente alimenta la impunidad auspiciada por el Estado.

El problema no es únicamente la resistencia que hay para revisar con transparencia las posibles violaciones a derechos humanos y ejercer la ley contra quien resulte responsable, sino que hay una inversión de recursos y relaciones públicas destinada a inhibir el trabajo de personas dedicadas a defender y acompañar víctimas en los procesos de búsqueda y de justicia.

Organizaciones de sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos han detectado que en varios de los procesos de denuncia de violaciones a derechos humanos hay respuestas de articulación con medios de comunicación e, incluso, con otros actores que se hacen llamar integrantes de la sociedad civil pero que de facto actúan en su contra, quienes comparten discurso y emprenden acciones para criminalizar a defensores.

La criminalización puede abordarse con frases que sutilmente generen desconfianza y coloquen en el imaginario colectivo suficientes dudas para confundir la defensa de derechos de civiles con el apoyo al crimen organizado. Al par de tuits que salen de aquellos líderes de opinión que disfrutan repetir el lugar común de que “los derechos humanos son una salida para liberar criminales” se suman algunas notas periodísticas, que hilvanan la presencia de posibles delincuentes entre las víctimas de desaparición o, lo que es más delicado, reportajes que afirman que los defensores reciben pago de criminales. El hostigamiento cobra diferentes caras, cuando no se expresa en amenazas explícitas, se manifiesta de forma pasiva en difamación pública. En un juego de verdades a medias, el objetivo puede ir generando el efecto esperado: inhibir la defensa legítima de los derechos humanos.

Por lo pronto, se está viralizado un compromiso que resulta innovador: “Intentar silenciar a un defensor de derechos humanos solo hará que salgamos otros más a defender sus causas”. Así lo expresa el colectivo #SeguridadSinGuerra.

Suficiente es el dolor por el que atraviesan quienes dedican su vida a la búsqueda de su ser querido y quienes los acompañan en el arduo camino de denunciar, visitar fosas, reconocer restos y atender trámites jurídicos, como para ser revictimizados por estrategias difamatorias.

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