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Martes , 25.09.2018 / 12:40 Hoy

Contracorriente

Antes de que nos maten

Maite Azuela

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Los asesinatos de periodistas no se dan de un día para otro. La mayoría son anunciados con amenazas e intimidaciones que acaban por materializarse. Sobra quien advierte con infinita ignorancia: "perro que ladra no muerde". Los 105 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha son la evidencia contraria.

Ahora que el gobierno ha mostrado mayor voluntad para reducir los riesgos que corren las y los periodistas, es indispensable que no solo se inyecte dinero a las instancias que deben velar por la protección, sino que se haga una revisión profunda de los procesos, acciones y omisiones que no permiten otorgar garantías efectivas. La experiencia que he atravesado como denunciante de intimidación y amenaza me permite ofrecer algunas propuestas:

1. De acuerdo con el último informe estadístico emitido por la Segob, la mayoría de las agresiones son efectuadas por funcionarios públicos. En consecuencia, se requieren procesos distintos cuando los agresores son delincuentes que cuando son autoridades, tanto para asignar medidas de protección, como para definir líneas de investigación.

2. Se requiere generar confianza en las instituciones involucradas. Es indispensable que la selección de quienes participan en las mesas de evaluación del riesgo considere solo perfiles cuya trayectoria y compromiso con la libre expresión estén probados. Dotar a la Feadle de personal y equipo especializado que obtenga resultados de sus investigaciones.

3. Dar un trato que considere las condiciones y el contexto específico de cada periodista, con perspectiva de género.

4. Contar con estrategias de investigación a partir de hipótesis que consideren a cabalidad el trabajo periodístico que da lugar a las agresiones. Evitar la criminalización y estigmatización.

5. Atender con seriedad las amenazas e intimidaciones. Las comisiones de Derechos Humanos federal y/o locales, deben reaccionar con prontitud a las quejas y dar seguimiento a las reacciones de las instituciones encargadas de investigar y proteger. Evitar que pasen años sin que se reporte al periodista algún avance sobre su caso y cuidar el expediente.

6. Ofrecer herramientas de protección efectivas. Los rondines y el botón de pánico son algunas de las medidas más recurridas, pero suelen ser insuficientes. Para ello es importante establecer protocolos de seguridad integrales con apoyo incluso de organismos internacionales expertos en la materia.

7. El acompañamiento de los medios en los que las y los periodistas laboran es fundamental.

Atender las advertencias sin impunidad y con profesionalismo es el primer paso.

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