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Miércoles , 16.01.2019 / 04:20 Hoy

Diario de campo

Austeridad electoral

Luis Miguel Rionda

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El nuevo paisaje político nacional está evidenciando una serie de ajustes en función de las prioridades ideológicas de los protagonistas de la llamada Cuarta Transformación (4T). Muchas de ellas ya habían sido adelantadas como parte de las propuestas de campaña del actual Presidente de la República, particularmente la “austeridad republicana”, que busca ahorrar recursos que se pierden, se fugan o se malversan dentro del enorme aparato público nacional. Esto para su preservación y reorientación hacia los rubros programáticos priorizados por la administración federal.

En este sentido, algunos protagonistas de la 4T han fijado su atención sobre los organismos autónomos nacionales, tal como el Instituto Nacional Electoral (INE), señalándolos como instancias que se han convertido en cotos cerrados, privilegiados, ineficientes y caros. No ha faltado quien proponga su achicamiento, la reducción de su gasto, e incluso su desaparición. Estoy convencido de que esta convicción se ha sustentado en prejuicios ideológicos e información parcial, producto en buena medida de la buena o mala experiencia electoral de los actores partidistas.

Leo con preocupación en los medios que algún o algunos legisladores federales de la nueva mayoría anuncia la eventual presentación de una iniciativa legal que buscaría reformar el sistema nacional electoral, para desaparecer los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), para concentrar la función electoral de las entidades federativas bajo la égida del INE. Pero contradictoriamente también se propone estrechar orgánica y presupuestalmente al organismo nacional, a pesar de que se le sobrecargaría con la obligación monumental de hacerse cargo de 32 elecciones de gobernador, 1,124 de diputados locales y 2,458 de ayuntamientos (517 por usos y costumbres). Más las consultas, referendos y plebiscitos de las leyes de participación ciudadana.

El sistema electoral mexicano es sin duda caro y macro cefálico, también está sobre regulado y sobrefiscalizado. Pero así lo hemos construido los mexicanos, a golpe de desconfianzas mutuas que se han traducido en candados y barroquismos legales. Tanto el INE como la mayoría de los OPLEs demandan una cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que llaman al escándalo a los legos, a los desinformados o a los mal intencionados. Todos queremos que las elecciones cuesten menos, pero no estamos dispuestos a renunciar a los altos estándares que se han alcanzado en cuanto a la operatividad electoral, la ciudadanización extrema, la fiscalización en tiempo real, el control del acceso a medios de comunicación, la transparencia, y por supuesto la descentralización federalista. Y sobre este último punto, se quiere equiparar austeridad con centralización, cuando es todo lo contrario, desde mi punto de vista.

Los OPLEs y el INE tienen muchas áreas de oportunidad, sin duda, pero son de los pocos espacios del sector público que han desarrollado un auténtico servicio civil de carrera, así como mecanismos y órganos internos de control y fiscalización, la mayor transparencia en el uso de los recursos —según el INAI y organismos independientes—, y una permanente rendición de cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes estatales, recibiendo siempre pocas observaciones. Además, muchos organismos han recibido diversas certificaciones de calidad nacionales e internacionales (ISO, NOM, etcétera).

Los OPLEs, y ahora el INE, han padecido ataques a su autonomía por medio del ahogo presupuestal por parte de las autoridades ejecutivas o legislativas locales y nacionales. En Guanajuato, afortunadamente, somos excepción. Pero la generalidad de organismos ha enfrentado “ajustes” draconianos que ponen en riesgo su efectividad logística. En contraste, los partidos políticos nunca han padecido escaseces, más que las provocadas por ellos mismos resultando de las numerosas multas que se les han aplicado, por conductas violatorias de las normas. La reforma política de 2014 incluyó un incremento al doble de las prerrogativas que reciben por parte del estado mexicano.

Nadie puede estar en contra de la austeridad en el sector público. Pero lo que no se puede aceptar son las medidas y políticas que parecen responder a ánimos viscerales o a juicios apriorísticos. Hace falta acompañar los proyectos de iniciativas legislativas con discusiones donde se expongan con la mayor seriedad los argumentos en uno u otro sentido. No arriesguemos lo mucho que se ha construido institucionalmente en el ámbito electoral sólo por estar en sintonía con el tono discursivo del momento.
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* Antropólogo social. Consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Profesor ad honorem de la Universidad de Guanajuato

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