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Paralaje

La embestida populista

Liébano Sáenz

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Es pregunta de nuestro tiempo si la democracia liberal está en crisis. No es algo particular en México, sino en todo el mundo. Los populismos son el rasgo común de nuestros días y lo mismo se presenta aquí que en el vecino del norte, en la Europa democrática y la del Este. La amenaza a la democracia ya no viene de la izquierda revolucionaria y rupturista, sino del populismo, es decir, un movimiento que invoca al pueblo, construye en el imaginario colectivo a un enemigo —con anclaje en fenómenos reales, pero de características desproporcionadas— (como “la mafia del poder” en el caso de nuestra arena política actual) y moviliza al conjunto de la sociedad no solo para ganar la elección sino para imponer un modelo de ejercicio del poder personalista y autoritario.

Al tiempo que crece el populismo en regímenes democráticos, cobran relieve las naciones no democráticas que por sus logros económicos, políticos y militares disputan los referentes tradicionales de éxito, asociados a las democracias liberales. El sistema político de Estados Unidos, merced a sus instituciones, ha podido contener y mantener a raya la embestida populista que representa Donald Trump. La pregunta, insisto, es si México está preparado para la eventualidad de que ganara el populismo el 1º de julio.

En mi opinión, una de las principales fortalezas de López Obrador ha sido la de establecer el criterio de que quienes le cuestionan o critican forman parte de “la mafia del poder” que, a decir de él, es un grupo que se ha beneficiado de las dificultades que enfrentan los mexicanos. Esto le ha blindado del escrutinio de muchos que, por miedo o corrección política, han decidido inhibirse de enfrentar los absurdos y lineales planteamientos del candidato de Morena; por otra parte, para sus seguidores cualquier cuestionamiento a su proyecto es convalidar que los enemigos del pueblo atacan a su caudillo para impedir que llegue al poder.

Las razones del resurgimiento del populismo tienen que ver, en buena parte, con la economía. Trump no hubiera prevalecido sin una base social que diera por hecho que los “malos” acuerdos comerciales y la migración de hispanos son causa del deterioro de la economía doméstica, las oportunidades laborales y hasta de la elevada criminalidad en Estados Unidos. Trump explotó electoralmente el enojo y la frustración de esos electores con una retórica antimexicana y antiliberal.

En México, la sociedad civil acusa debilidad y el poder político y económico está concentrado y a veces centralizado. La división de poderes no tiene la fortaleza de la representación territorial que sí tiene el sistema estadunidense. Los gobiernos locales son dependientes en extremo en dos rubros fundamentales: finanzas y seguridad. Tengo la impresión de que estamos mal preparados para contener una embestida antiliberal desde la Presidencia, mucho más si el populismo, como lo anticipan las encuestas, se alza con victorias en el Ejecutivo y el Legislativo.

La misma campaña da cuenta de la debilidad de la sociedad para hacerse valer en el debate de los temas que deben interesarnos a todos. En este contexto, llama la atención positivamente, en un capítulo inesperado, cómo organizaciones civiles han hecho eco del hecho de que Morena haya postulado en un lugar privilegiado de la lista de senadores a Nestora Salgado, para unos, una luchadora social y, para otros, una delincuente. Más allá de la polémica al respecto, lo cierto es que actualmente, Salgado enfrenta varios procesos penales por secuestro, homicidio y, desde mi punto de vista, también de desaparición forzada, precisamente por el argumento que ella misma y sus defensores esgrimen en el sentido de que en el momento de los secuestros, la candidata era autoridad.

La información pública es suficiente como para cuestionar que un partido la haya promovido y le conceda inmunidad procesal a partir del encargo legislativo; el hecho es un mensaje ominoso, como muchos de Andrés Manuel. Lo que llama la atención es que la sociedad civil, el sector social o empresarial, así como los medios de comunicación, no asuman una postura más enérgica en muchas de las propuestas y de los dichos, particularmente su iniciativa de ganar la paz mediante la amnistía a los criminales. Es inevitable concluir que la amnistía que propone AMLO inicia postulando candidatos con procesos penales en curso, como es el caso.

En este escenario, la cuestión que importa es si la sociedad y el sistema político mexicano están preparados para encarar el desafío que acompaña al populismo, peligro que se deriva de la tesis de que nada vale, ni la ley, ni las instituciones, ni la crítica, frente al que se asume como único y legítimo representante del pueblo.

Lo peor en este panorama consiste en minimizar el tema bajo la tesis de que la amenaza habrá de conjurarse de manera mágica antes de la elección o de que lo que más preocupa del candidato no habría de ejecutarse porque él cambiaría ya en el poder o, bien, porque no tendría los elementos legales a su alcance. Considero que esta es una postura de avestruz, cómoda, medrosa —y hasta irresponsable— y que, al final, no resuelve el motivo de la preocupación, esa sí real y más que justificada.

El caso de la amnistía es el de mayor preocupación; el candidato no se ha retractado de la propuesta, solo ha dicho que integraría una comisión negociadora en la que participarían, incluso, personalidades internacionales como el papa Francisco. Lo cierto es que hay una postura clara e inequívoca del candidato: amnistía a criminales como vía para alcanzar la paz. Y es precisamente por esta consideración que el caso de Nestora Salgado cobra relieve y deja de ser un evento aislado.

El tema surgió en el segundo debate presentado por José Antonio Meade, quien se hizo eco del testimonio de una de las víctimas. Nestora respondió sin medir su vulnerabilidad política, legal y ética. Ahora se ha vuelto uno de los asuntos no solo de polémica, sino de cuestionamiento a Morena y a su candidato presidencial. Además de haberse hecho evidente que no hay exoneración de la candidata, también se pone a debate legal su candidatura y se abre un obligado curso para evaluar los antecedentes de todos los candidatos de todos los partidos a cargo de elección popular. Si los partidos no toman esa iniciativa, será la sociedad, en las urnas, la que convierta la elección en un plebiscito donde se vota por los criminales, o por las víctimas.

http://twitter.com/liebano

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