López Obrador está enfrentando con firmeza al huachicol. Lo natural es que extienda su lucha contra la corrupción: del robo de gasolina al de electricidad. La lógica es la misma y los beneficios económicos, similares. No obstante, existe una diferencia clave que hay que considerar y es quiénes se benefician.
Al igual que en el caso de la gasolina, hace sentido buscar reducir el robo de luz. En ambos casos ataca actos de corrupción, una de las principales promesas de campaña de López Obrador. Además, las cantidades que pierde el erario son también multimillonarias.
El robo de luz está a la vista de todos. Hay lugares en los que los cables de la Comisión Federal de Electricidad parecen verdaderos tendederos. Se calcula que en el país existen 75 mil tomas ilegales de luz, mejor conocidas como diablitos.
Tan sólo en el primer semestre del año pasado el robo de energía eléctrica superó 25 mil millones de pesos según la CFE. Si asumimos una cantidad similar en la segunda mitad del año, el monto total de más de 50 mil millones de pesos se aproxima a los 60 mil millones de pesos que se pierden anualmente por el robo de gasolina. Con esta cantidad se podría cubrir el costo total del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual busca apoyar a los llamados ninis.
Sin embargo, existe una diferencia clave con respecto al huachicol: los principales responsables del robo de luz son en su mayoría personas físicas y no organizaciones criminales de gran escala.
Quienes se cuelgan ilegalmente de la red de CFE suelen ser habitantes de colonias populares y negocios ambulantes.
En la Ciudad de México cuatro de cada 10 clientes residenciales consumen electricidad sin pagarla. Sí, el huachicol también involucra comunidades de escasos recursos. Pero los principales infractores son criminales de alto nivel.
La CFE ya anunció una serie de medidas como regularizar a decenas de miles de usuarios que consumen energía eléctrica pero que no tienen contrato y reemplazar millones de medidores dañados. ¿Estará dispuesto López Obrador a atacar este tipo de robo con el mismo ímpetu con el que está enfrentando a los huachicoleros sabiendo que buena parte de los afectados serán personas de escasos recursos y pequeños negocios informales?
Lo cierto es que la situación no es fácil y amerita una estrategia mixta. Por un lado, es fundamental combatir el robo de luz para castigar la corrupción y recuperar valiosos recursos públicos. Por el otro, hay que reconocer que un enfrentamiento indiscriminado podría afectar a quienes menos tienen.
Un punto de partida debe ser regularizar a todos los consumidores de electricidad. Si entonces se decide subsidiar a algunos por sus condiciones económicas, entonces adelante. Lo que no se debe hacer es prometer, como lo hizo López Obrador el año pasado a un grupo en Tabasco que adeudaba 9 mil millones de pesos de luz, “borrón y cuenta nueva”.
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