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Sábado , 15.12.2018 / 19:43 Hoy

Sociedad y derechos humanos

Sistema de votación electrónica o voto electrónico

Julián Germán Molina Carrillo

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El ejercicio democrático en nuestro país, es el más caro de América Latina, así lo han establecido diferentes estudios realizados por organizaciones mundiales y nacionales, como la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales o el estudio realizado por la UNAM, derivado del seminario “¿Se debe reducir el financiamiento de la política?”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios en febrero de este año, donde advierte que el voto a los mexicanos nos representa un gasto de 18 dólares por persona inscrita en el padrón electoral, lo ejerza o no!

Esta lastimosa realidad es consecuencia de los altos costos que representa mantener a los organismos e instituciones políticas, así como solventar un proceso electoral reticente a la utilización de los avances científicos y tecnológicos que la ciencia ha puesto a disposición del hombre para su beneficio.

Para evidenciar lo anterior, basta con observar el presupuesto que el INE captó del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, 15 mil 071 millones 176 mil 879 pesos, de los cuales 4 mil 138 millones 727 mil 092 pesos son destinados al financiamiento de partidos políticos y el resto, 10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos, son utilizados por el organismo para gastos de operación.

Aunado a lo anterior, el próximo año los partidos políticos recibirán la cifra histórica de 6 mil 778 millones de pesos que les aprobó el INE para la elección federal de 2018; un total de 4.2 mil millones de pesos para gasto ordinario, nuevamente, porque este rubro se otorga anualmente y 2.1 mil millones para gasto de campaña. Asimismo, a ese monto hay que sumar el presupuesto que recibirán en cada uno de los estados del país, por lo que realmente tendrán para gastar en 2018, la cantidad de 11 mil 904 millones de pesos.

Esto sin contar el presupuesto de las Institutos Estatales Electorales, ni el de los tribunales Electorales, a nivel estatal y de la federación, dedicados a resolver disputas electorales y “salvaguardar los derechos democráticos”.

Estas estratosféricas cantidades que observa usted resultan incomprensibles ante la crisis económica que vive nuestro país, donde hay más de 64 millones de habitantes en la pobreza, cantidad que representa el 53 por ciento de la población, mismo porcentaje que hace 25 años, y sobre todo ante la crisis de representación de los Partidos Políticos, que en México se vive desde hace muchas décadas, donde los resultados democráticos arrojados por nuestro sistema electoral, son realmente pobres, a pesar de las promesas de la reforma política, que pretendía bajar el costo de la democracia, tal ofrecimiento resultó demagogia pura.

Por lo anterior, resulta trascendental para el bienestar político, económico y social de nuestro país, dejar a un lado reticencias sospechosas, a utilizar los avances científico-tecnológicos en beneficio de la ciudadanía, y poner en funcionamiento el sistema de votación electrónica o voto electrónico, como la estructura técnica, humana y legal aplicada a cualquier elección de carácter público o privado. Situación que a pesar de lo que se cree no es un acontecimiento reciente, ya que desde 2004, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, realizó recomendaciones sobre la implementación de normas jurídicas, operacionales y técnicas relativas al establecimiento del voto electrónico.

Además, se debe privilegiar que la adopción de cualquier sistema de votación electrónica acarrea ventajas evidentes, como son el considerable y significativo ahorro en los costos de la elección, al ser innecesarias las boletas, los crayones, las mamparas, las urnas, pagos a funcionarios de casillas etcétera; también existe ahorro de tiempo, pues el escrutinio de los votos se realiza de manera ágil y rápida; los resultados de la elección, en consecuencia, son inmediatos; además, como el voto electrónico puede ser registrado a distancia, ataca de manera directa el problema del abstencionismo, pues muchas personas no acuden a votar porque no tienen medios de transporte que los conduzcan a la casilla; en otras ocasiones, el clima lluvioso, frío o demasiado caluroso aleja a los votantes; en no contadas ocasiones es el temor a que se generen trifulcas en las casillas, lo que provoca el alejamiento del electorado y, también, la desidia y el desinterés en los candidatos o en el resultado mismo de la elección, son circunstancias que provocan un alto grado de abstencionismo en los electores.

Si el principal obstáculo que tiene la autoridad administrativa para la implementación de un sistema de ésta naturaleza, lo es el temor a los hackers y a no brindar la certeza que requiere un proceso electoral, bien podríamos recomendarle asesorarse del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien cuenta con un sistema de identificación de contribuyentes muy eficaz, mediante la (FIEL) firma electrónica, para que pueda auxiliarle en la implementación de un sistema de voto electrónico presencial, donde el ciudadano deba acudir a un centro de recepción de voto o casilla electoral, que opere mediante una urna electrónica con sistema óptico, urna electrónica con pantalla digital o urna electrónica de identificación biométrica, utilizando huella digital, como ya lo tiene instaurado para el cobro de impuestos. Con lo que se evitaría derrochar tantos recursos y destinarlos a otros rubros como salud, educación y desarrollo social, que tanto afectan a una gran mayoría de los mexicanos.

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