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Lunes , 22.10.2018 / 05:10 Hoy

Sociedad y derechos humanos

Los demonios electorales andan sueltos

Julián Germán Molina Carrillo

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Aunque muchos quizás a estas alturas me tachen de fatalista y de que estoy viendo sólo las cosas negativas que empañan el próximo proceso electoral del 5 de junio en el estado, por dudar que las autoridades electorales como el IEE y el Tribunal Electoral del Estado realmente actúen imparcialmente y están comprometidas a salvaguardar la legalidad en todas las fases de la elección, y a cumplir con el juramento que hicieron en su toma de protesta ante el INE, cuando tomaron posesión de sus cargos, la realidad y los pésimos resultados en sus acciones realmente me han convencido que su triste papel no es otro más que el ser comparsa y cómplices de un conjunto de decisiones que se toman desde el grupo en el poder, sin importar que ya sean varias las ocasiones en que sus decisiones deben ser rectificadas por la Sala superior del Tribunal Federal Electoral o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los ejemplos de mis afirmaciones sobran y podemos enumerarlos.

Desde el tema de los candados para impedir el registro de los candidatos independientes y que se ha convertido en todo un viacrucis para personajes como Ana teresa Aranda, quien se encuentra amenazada por tres denuncias penales en su contra por una supuesta falsificación de firmas de apoyo; la negativa de aceptar la participación del PES, apoyando la candidatura común de Blanca Alcalá y que finalmente fue revocada por el Tribunal Federal Electoral; las resoluciones que tomaron para apoyar la imposición de los grupos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afines al morenovallismo para el candidato a la minigubernatura, y finalmente su decisión de negarle las prerrogativas al PRD para la campaña de Roxana Luna Porquillo, candidata de dicho partido a la minigubernatura del estado y que seguramente será revertida por la instancia superior, nos demuestran que realmente a los integrantes de dichos organismos, salvo el caso de honrosas excepciones, no les importa en lo más mínimo la opinión de los ciudadanos poblanos, quienes desde hoy somos testigos de que para lograr el triunfo del candidato del grupo que los impuso están dispuestos a hacer lo necesario, desde torcer la ley pretendiendo que las instancias superiores o los partidos se descuiden al no impugnar las resoluciones, o bien que por alguna razón, aún desconocida, sus acuerdos sean ratificados y queden firmes.

Y en todas estas maniobras y afanes, nuestros flamantes “consejeros ciudadanos” y “magistrados” no tienen ningún empache en poner en tela de juicio su prestigio y honorabilidad en el desempeño de los cargos, a los que supuestamente arribaron por méritos propios y por su perfil profesional, por lo que me pregunto: ¿hasta dónde son conscientes o tienen claro, el daño que le hacen a las instituciones que representan y a la democracia en el estado?

Puedo comprender que quizás sea mucha su necesidad de ganar un salario, pero de eso a vender su honorabilidad y ética profesional hay un abismo, porque después de dejar los cargos cargarán toda su vida con el descrédito de haber vendido su conciencia a un grupo que sólo los utilizó para después ni siquiera darles las gracias.

¿Qué lección le están dando a sus hijos sobre lo que debería ser la rectitud y honestidad en el desempeño de un cargo público? ¿No se avergüenzan de que una tras otra sus resoluciones y acuerdos sean echados abajo por instancias superiores, exhibiéndolos como incompetentes y mediocres?

Si no tienen libertad para actuar en conciencia, libremente y de acuerdo a sus saberes y capacidades y se les obliga a actuar y resolver por consigna, denúncienlo, y si no tienen ese valor, pero sí miedo de las consecuencias de su actuar, por dignidad renuncien a sus cargos y dejen de hacer el ridículo antes de que sea demasiado tarde, por el bien de ustedes, el buen nombre de sus familias y de la incipiente democracia que hoy vivimos los poblanos.

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