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Viernes , 22.06.2018 / 07:02 Hoy

Sociedad y derechos humanos

La procuración de justicia puede esperar

Julián Germán Molina Carrillo

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Seguramente para usted nos es desconocido este precepto constitucional plasmado y consagrado por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, pues bien, para nuestras autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia, dicho precepto no tiene aplicación, por lo menos así lo han demostrado.

Afirmo lo anterior, debido a que ya encontraron con la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial, el pretexto idóneo para deshacerse de la excesiva carga de trabajo que su misma ineptitud e ineficacia ha provocado, y dejar de observar lo estipulado por el precepto constitucional referenciado.

Puesto que, por una desafortunada decisión, el destino de miles de averiguaciones previas iniciadas con el anterior sistema, de la noche a la mañana fueron enviadas al archivo, bajo el absurdo argumento de algún asesor estrella del fiscal general, que dice: “Al archivo por incapacidad procesal o ausencia de interés jurídico”.

Así las cosas y de un día para otro, el fiscal decidió que todas las averiguaciones previas que se encontraban, no solo en las agencias del Ministerio Público de Puebla, sino las de Atlixco y Cholula, fueran trasladadas a la Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), sin aviso previo a los denunciantes.

Dicho acto de autoridad, es violatorio de garantías procesales y derechos humanos, no solo consagrados en nuestra constitución sino por los diferentes tratados internacionales en materia penal como lo estipulado por el artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Ante la protesta de un numeroso grupo de litigantes y afectados, Víctor Antonio Carrancá Bourget, rechazó que haya detenido el desahogo de investigaciones que se iniciaron mediante el antiguo sistema de impartición de justicia, aunque reconoció que la atención de las mismas se ha retrasado pues justificó que se lleva a cabo la remodelación de las agencias del Ministerio Público (MP), como si no hubiera tenido el tiempo necesario para llevarlas a cabo con antelación.

Como si el sistema judicial de Puebla de por sí, no presentara un “serio problema estructural” que ocasiona que los delitos no se investiguen ni sancionen y, en consecuencia, haya un alto grado de impunidad.

Al menos, esto es lo que indica el Índice Global de Impunidad que elaboró la Universidad de las Américas Puebla en conjunto con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, en el cual se establece que Puebla alcanzó un indicador de 69.19 puntos, lo cual si bien lo coloca en el lugar 17 a nivel nacional lo cataloga como uno estado con “alto grado de impunidad”; en primer lugar se ubicó Quintana Roo con 76.61 puntos.

En el documento además se indica que la cifra negra de Puebla, es decir el porcentaje de delitos que se cometen pero no se denuncian es del 93.1 por ciento.

Y es de entenderse lo anterior, en razón de que las denuncias que fueron presentadas a partir del inicio del nuevo SJP, el pasado 18 de junio, son atendidas únicamente en las nuevas Casas de justicia que fueron creadas en algunos distritos judiciales de la entidad, y que por cierto también están cerradas. Entonces todo se reduce a dos lugares en donde por el momento se pueden interponer denuncias penales por delitos cometidos en la metrópoli y son: Edificio central de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Bulevar 5 de mayo y 31 oriente colonia Ladrillera de Benítez) y en la Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) ubicado en el Complejo Metropolitano de Seguridad (Km. 4.5 del Periférico Ecológico, Cuautlancingo, Puebla).

Imagínese solo dos lugares para interponer una denuncia, por lo que si desgraciadamente se ve en esta necesidad, disponga usted de aproximadamente ocho horas para que sea atendido, lo anterior se lo digo con conocimiento de causa ya que es la queja cotidiana de cientos de ciudadanos y abogados que han tenido que acudir a interponer una denuncia.

Pero no se preocupe, ante la necesidad social de orden y autoridad en Puebla, ¡la impartición de justicia puede esperar!

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