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Lunes , 10.12.2018 / 05:07 Hoy

Sociedad y derechos humanos

La Conago o la cofradia de los mirreyes sexenales

Julián Germán Molina Carrillo

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A quince años del nacimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como foro permanente, que tenía como objetivo fortalecer el federalismo mediante mecanismos democráticos, que dotaran de efectividad a las instituciones de México y así satisfacer las problemáticas sociales más urgentes a las que nos enfrentamos, es viable realizar un análisis de la legitimidad de dicha organización, de sus objetivos, su funcionabilidad y sobre todo si ha impactado en beneficio de nuestra sociedad, o simple y sencillamente se ha convertido en el club de amigos del presidente donde se negocian intereses y beneficios con los gobernadores.

La Conago se constituye el 13 de julio de 2002 en Cancún, Quintana Roo, con la presencia o representación de todos los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se reafirmó la voluntad superior de los estados con el pacto federal.

Como anteriormente se indica, nace como un foro, mediante el cual se buscaba lograr un equilibrio entre los gobiernos estatales y federal, es decir una reunión (dos veces por año) en donde los mandatarios de cada una de las 32 entidades del país, si desean participar, crean comisiones y hacen propuestas para mejorar los asuntos de mayor relevancia.

Sin embargo, las decisiones que se toman son meramente propositivas, no de acción, ya que de acuerdo al artículo 117 constitucional, inciso I, “los estados no podrán, en ningún caso, celebrar alianza, tratado, o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras”, por lo que, los acuerdos se sustentan en el compromiso y la voluntad política de los miembros, (cada representante tiene libertad de estar de acuerdo o no en las propuestas).

Es decir, la norma no le permite intervenir en los asuntos internos, pero se nutre de los aparatos administrativos de los estados y realiza reuniones periódicas que son cubiertas en buena parte por el estado miembro, o sea con dinero público. Sus acuerdos son meras sugerencias, se ciñen a los proyectos oficiales y sus reuniones presuntamente llevan el objetivo de crear un equilibrio con el poder central, hacer gestiones que podrían realizar por sí mismas las instituciones que representan, casi todas en torno del dinero, presupuesto, cuestiones fiscales, etcétera.

Como podrá usted observar, hay duplicidad de actuación que no tiene razón de ser, porque ya hay instituciones públicas que aunque precariamente, se ocupan de esos asuntos. Pero se han obstinado en dar a la Conago un estatus de institución y de interlocutor privilegiado del gobierno federal, cuando no tiene una base legal para su existencia y, mucho menos, para actuar en nombre de las entidades federativas.

Aunado a lo anterior, lo que si hace la Conago, es debilitar y vulnerar el federalismo mexicano, al debilitar las instituciones nacionales legales que existen para coordinar los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno: el federal, estatal y municipal. Asimismo, ha fortalecido la centralización de las atribuciones, de manera tal, que ahora los legisladores, en sus trabajos parlamentarios, hacen su labor bajo la directriz que se delinean en las reuniones de gobernadores a título de recomendaciones que han motivado el deterioro del espíritu federalista.

Resultado de ello, ha convirtiendo a las entidades, municipios y sus gobiernos en delegados jerárquicamente organizados del federal. Las muestras son las reformas constitucionales a los artículos 3, 73, 115 y 116 de la Constitución, los cuales restan y limitan las facultades del municipio y de los estados, nulificando su ámbito de atribuciones y facultades, como sucedió en lo electoral, la ley anticorrupción, la justicia penal, la salud, la educación y la seguridad. Como secuela, los tres niveles de gobierno han pervertido el ejercicio del poder que la voluntad soberana del pueblo les entregó.

En fin, la Conago solo ha servido de escaparte y pasarela para que los gobernadores, uno por turno, reciba los reflectores del escenario político, con gasto al erario público de cada uno de los estados y con la concupiscencia del Presidente de la Republica, auténticas cofradías virreinales.

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