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Miércoles , 12.12.2018 / 21:19 Hoy

Sociedad y derechos humanos

Ayotzinapa y el derecho a la verdad

Julián Germán Molina Carrillo

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Después de la exhibición pública en medios nacionales, del video donde aparece Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, un día antes de las diligencias en las que según informó la Procuraduría general de la República, se localizaron las bolsas en las que, se depositaron los restos de los normalistas desaparecidos y que presuntamente fueron incinerados, la investigación y los avances que se habían tenido de parte de los expertos del GIEI, sufren un vuelco, debido a que dicho material, no se había incluido en el expediente, ni en las pruebas aportadas hasta la conclusión de los trabajos del grupo de expertos.

Dicho funcionario omitió dar a conocer las actuaciones realizadas por el área a su cargo y que se exhiben en el video, lo que nos lleva a pensar, que: o bien alteró el lugar de los hechos, que sembró evidencia para entorpecer la investigación, que sabe más de lo que salió a desmentir un día después de la exhibición del material y que con sus desafortunadas declaraciones, lo único que logró es mostrar a un gobierno, que a toda costa ha tratado de ocultar la verdad de los hechos, sin importar el costo de imagen y suspicacias que origina su forma de proceder, tratando de sostener la versión oficial de la investigación y descalificando el trabajo del grupo de expertos del GIEI.

Estas situaciones implican una responsabilidad del funcionario al que se le debe abrir una investigación y en su caso hasta procesarlo por ejercicio indebido del cargo, pero ello hasta hoy no ha ocurrido, ni parece ocurrirá ya que la PGR piensa que lo que prevalecerá en todo este enredo y contradicciones en las que han incurrido, es su verdad.

Es de llamar la atención la actitud asumida por el Gobierno Federal y el presidente Peña Nieto, ya que quizás sigan pensando que México aún vive las épocas en que se podía mentir a los ciudadanos ante las grandes tragedias como la masacre de estudiantes de Tlatelolco de 1968, la matanza de Acteal, Aguas Blancas, los asesinatos de Atenco, sin considerar que hoy los ojos del mundo, están en la solución definitiva a este caso, que requirió de la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para llevar a cabo las investigaciones, cuyos resultados hoy se pretenden dejar de lado, por parte del Gobierno Federal, que ha entrado en una fase de desconfianza y descrédito, no sólo a nivel interno, sino ante otras naciones y organismos internacionales, que ya no creen en el discurso, de que en México se respetan y garantizan los Derechos humanos y de que los inversionistas pueden venir a nuestro país, seguros de que prevalece el estado de derecho.

Los mexicanos, tenemos derecho a conocer la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes y a que se sancione a quienes hayan intervenido en su desaparición forzada y muerte, sin importar el nivel de las autoridades que hayan intervenido, desde la Presidencia de la República, hasta los policías municipales que coludidos con las organizaciones criminales, hayan colaborado para llevar a cabo este crimen de lesa humanidad; sin embargo los hechos nos demuestran que vamos en sentido contrario, es decir, las autoridades están empecinadas a que la verdad no se conozca y a ello obedece la prisa que el GIEI abandone nuestro país y que se pretenda borrar la memoria histórica de quienes hemos estado al pendiente de las investigaciones.

¿Hasta cuándo se decidirá el Gobierno federal a enfrentar su responsabilidad y a presentar a los culpables’? ¿Qué sucederá con el dolor de los padres de familia de los normalistas desaparecidos, cuyo único pecado, es no formar parte de las élites de este país? ¿La historia de los 43 desaparecidos, pasará a la lista de las grandes tragedias de México, nunca esclarecidas? ¿Resistirá el Presidente Peña Nieto y su gobierno, una condena internacional, ante estos hechos?

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