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Jueves , 19.07.2018 / 23:32 Hoy

Columna de Juan Manuel Velázquez Ramírez

Ayotzinapa: entre verdad y mentira histórica

Juan Manuel Velázquez Ramírez

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Cuando todo sobre Ayotzinapa parecía ya olvidado o por lo menos debilitado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), levanta su voz y dice que los normalistas desaparecidos "no fueron incinerados en el basurero de Cocula", ya que esto es "científicamente imposible". Un solo informe (Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones) se quiera o no volvió a colocar en un primer plano de la agenda nacional la discusión sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa desde septiembre de 2014.

Como ocurre en toda coyuntura políticamente significativa, las posiciones se polarizan, y ponen a prueba a los actores sociales evidenciando sus posturas. Así es que, cada quien ya tomó partido. Por un lado, encontramos a los que defienden el informe y las conclusiones oficiales que se dieron a conocer el 27 de enero de este año por parte del ex procurador Murillo Karam, donde se afirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero municipal de Cocula. A esto fue lo que oficialmente el gobierno llamo "verdad histórica". Por otro lado, se ubican los que no aceptaron el sentido de este informe, y hoy se agrupan en torno a las primeras conclusiones que presenta el grupo de expertos independientes. Ahora, prácticamente se exige tener una definición a favor o en contra de cada uno de los informes.

Considérese que en nada favorece para el esclarecimiento de estos hechos el colocar los informes sobre Ayotzinapa en el terreno de la dicotomía entre "lo blanco y lo negro" o "el informe verdadero y el informe falso". Cuando se hace esto se asume una postura política, pero no científica. Quienes demonizan a los estudiantes normalistas se colocan del lado del informe de Murillo Karam. Quienes victimizan y legitiman a los estudiantes, toman partido por el informe del grupo independiente, y hablan de "mentira histórica" de las autoridades encargadas de esclarecer los hechos. Ambas posturas se asumen acríticamente. Adicionalmente, hay otra postura que es la de invisibilizar el caso Ayotzinapa, y esta la asumen todos aquellos que aspiran a que no forme parte de la agenda de asuntos pendientes por resolver de parte del gobierno de Peña Nieto.

El mismo hecho de que el ex procurador Murillo Karam calificara los resultados de las investigaciones gubernamentales sobre el caso Ayotzinapa como "verdad histórica" muestra indicios de considerar sus peritajes y conclusiones como certeros, verosímiles, además de únicos e indiscutibles. Esto es, arrogancia de pensamiento. Aun en el campo científico hay pocos (as) investigadores (as) que se aventuren a hablar, en los tiempos actuales, de verdades únicas e irrefutables. Pero ¿en qué consiste la estructura de este razonamiento de "verdad histórica"? Si los estudiantes fueron incinerados ahí, no hay que investigar más. El caso se da por cerrado. De esto resulta una estrategia sencilla: lo que resta es solamente esperar que con el tiempo se diluyan las exigencias de los familiares de los normalistas; que otro acontecimiento de cobertura mediática gane la atención de las audiencias; y que la memoria de corto plazo se imponga por encima de la memoria de mediano y largo plazo, que es la que posibilitaría que el caso de Ayotzinapa se mantenga como asunto de interés político nacional.

Tener un poco de humildad política y consistencia científica ayudaría enormemente a esclarecer este caso. Esto significaría considerar falibles tanto el informe oficial como el del grupo independiente. Pero ¿qué significaría adoptar una postura de falibilidad desde una postura científica? Significaría que de los informes presentados sobre Ayotzinapa no se debe considerar todos sus componentes como verdaderos; que existen elementos de incertidumbre sobre los cuales hay que indagar más; que es necesario mantener una insistente actitud política y científica de apertura y búsqueda crítica sobre la realidad del destino de los estudiantes; que cualquier avance se debe considerar como parcialmente verdadero y, por tanto, con cierto grado de falsedad; y que es necesario reconocer que hasta los peritos en fuego más reconocidos internacionalmente pueden cometer errores en sus diagnósticos. Sólo la continua confrontación entre lo que se sabe, lo que no se sabe y lo que se supone sobre el destino de los estudiantes hará posible conocer su paradero.

Sin embargo, algo es claro: si se quiere un informe sobre el caso de Ayotzinapa políticamente aceptable para familiares y opinión pública, y consistente en su planteamiento, metodología y conclusiones, esto sólo puede resultar de un diálogo horizontal, abierto y transparente entre gobierno, especialistas interdisciplinares, familiares y ciudadanía. Debe ser un informe que presente los argumentos y las evidencias periciales que permitan superar el dilema entre verdad y mentira.

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