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Sin coincidencias

Migración y política de alto nivel

Juan Gabriel Valencia

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Una reunión en Guatemala a la que asiste su presidente, el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden; el secretario de Gobernación de México, el presidente de El Salvador, un representante de alto nivel del gobierno de Honduras y diversos subsecretarios de esos gobiernos revela, más que un tema de importancia, un problema grave. Y así debe ser abordado.

El motivo de la reunión es el de menores de 18 años, no acompañados por un adulto, que han sido detenidos en Estados Unidos en los últimos meses en situación migratoria irregular. El gobierno de ese país estima que a fines de 2014 la cifra llegará a más de 90 mil casos.

La reunión en Guatemala es corolario de una conversación telefónica entre los presidentes Peña Nieto y Barack Obama. Ése debe ser el nivel de tratamiento de la problemática, bajo un enfoque conjunto e integral, de intercambio y cooperación bilateral y multilateral.

De hecho, bajo ese paraguas conceptual nació —y no hace mucho— el Instituto Nacional de Migración en octubre de 1993. Su origen era doble: en primer lugar, la vetusta Dirección General de Asuntos Migratorios y Población de la Segob carecía de la jerarquía político-administrativa de su contraparte americana, que era la Comisión del Servicio de Naturalización e Inmigración, de facto integrante del gabinete ampliado de la Casa Blanca. Para un diálogo efectivo entre ambas partes había que equipararlas. En segundo lugar, se había presentado una coyuntura migratoria singular: México se convirtió en esa época en país de paso de flujos migratorios indeseables para Estados Unidos, concretamente chinos, en un momento de frialdad en la relación bilateral de la entonces recién inaugurada administración de Clinton con el gobierno de Carlos Salinas. Y la llave del deshielo fue la acción mexicana para frenar la migración de chinos a Estados Unidos.

No es casual que en aquel año de 1993 el Congreso de Estados Unidos aprobara el 17 de noviembre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Parecía el momento propicio para delinear una política migratoria regional de los tres países.

Con el paso del tiempo, la política migratoria de México abandonó en la práctica ese enfoque y se volvió a los lugares comunes como el tema de la migración y los indocumentados mexicanos en Estados Unidos y el descontrol, el abandono y la corrupción en la frontera sur de México, con la ausencia del personal calificado, carencia de presupuesto, falta de tecnología, delincuencia organizada, tráfico de drogas, trata de personas, pobreza extrema en el lado mexicano y más al sur. Es en esa zona donde el gobierno mexicano debería haber puesto el acento en la necesidad de que si Estados Unidos estaba interesado en contener la migración de terceros países ajenos a América del Norte, era precisamente ahí donde la cooperación bilateral debería haberse traducido en prácticas efectivas de control migratorio. Sobre todo, durante los gobiernos panistas se dejó de hacer y el mejor botón de muestra y consecuencia de ello es la ignominia para México de la matanza de San Fernando en agosto de 2010, con la única consecuencia política de la renuncia de la muy reciente presidenta del PAN, Cecilia Romero.

Si de octubre del año pasado a mayo de este Estados Unidos ha detenido a más de 47 mil menores no acompañados que cruzaron desde México, ¿cuántos niños más, centroamericanos sobre todo, estarán en nuestro territorio bajo condición migratoria irregular y a expensas de las peores condiciones de vida?

En este tema en particular y, en general en el fenómeno migratorio de conjunto, no caben responsabilidades únicas. ¿Qué políticas económicas y sociales están adoptando Guatemala, El Salvador y Honduras para evitar la expulsión poblacional? ¿Cómo juega la autoridad migratoria de Estados Unidos con la estacionalidad de su mercado laboral para acelerar o disminuir la persecución de migrantes indocumentados en su territorio?

En México, por años la actitud gubernamental ante la problemática migratoria ha sido ambivalente y falta de definiciones. Al influjo de organizaciones humanitarias y evidencias mediáticas de distinto orden y grado de escándalo, la regulación migratoria ha dejado de aplicarse o es casuística. El caso de los niños no acompañados y la conversación Obama-Peña Nieto es de desearse que no sea una anécdota o una situación ocasional y se convierta en un diálogo continuo que se traduzca en políticas y definiciones ciertas y efectivas.


valencia.juangabriel@gmail.com

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