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Viernes , 21.09.2018 / 05:45 Hoy

Sin coincidencias

Iguala, un año después

Juan Gabriel Valencia

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A un año de la masacre de estudiantes en Iguala (a menos que seriamente alguien piense que están vivos), son muchas las lecciones en el repaso de los hechos que, sin que se tiren al piso los funcionarios del gobierno federal, deberían reflexionar.

Es evidente que lo ocurrido aquel 26 de septiembre se gestó de mucho tiempo atrás. Se pudo haber evitado con una adecuada coordinación e información interinstitucional a escala federal. Sigue siendo un agujero negro el papel de las fuerzas armadas. Una zona productora de goma de opio y de heroína base de importancia crucial para el narcotráfico nacional. ¿Quién tenía que haber sabido? ¿Quién de esos no supo? ¿Quién tenía que haberle informado a quién vía mecanismos establecidos de coordinación? El gobierno federal pecó de ingenuo al suponer que tenía aliados donde no los había. Léase la DEA; un gobernador frívolo, opositor, omiso, cómplice como lo demostraron los hechos subsecuentes, un traidor; un presidente municipal y su esposa acusados de homicidio y narcotráfico; cuerpos policiales de varios municipios operando como sicarios de bandas criminales. Si de esa fauna funcionarios federales supusieron que podían tener algún tipo de aliado en el mantenimiento del orden público, son ingenuos por no llamarles de otra forma. Se pudo haber prevenido y no fue así.

Al igual que muchos lo han comentado, la lentitud de reflejos y la incapacidad de diagnóstico en el manejo de crisis fueron dramáticas. Tardaron 10 días en darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Reacción rápida? ¿No hay cuartos de guerra en las dependencias estratégicas del gobierno federal?

Supieron apenas días después lo que realmente había sucedido, incluido el robo, voluntario o no, de un autobús que transportaba un cargamento de black tar. Siempre lo supieron. Pero la priorización mediática por encima de la verdad jurídica los llevó a tomar la decisión de no criminalizar a las víctimas, como si los normalistas hubieran sido una especie de boy scouts región cuatro. Eran delincuentes y no supusieron que se iban a encontrar a unos peores. A un año de distancia, meter reversa y poner en el contexto adecuado lo que sucedió es imposible, cuando en el trayecto, otros temas y otras agendas han minado los fundamentos de la confianza en las autoridades y en su credibilidad.

A pesar del informe, que no investigación, del GIEI, nadie ha demostrado, nadie, que la versión del ex procurador General de la República haya sido falsa. Nadie. No existe ningún asidero lógico para afirmar que aquella versión de noviembre de 2014 haya sido un montaje como afirman irresponsablemente hoy los padres de familia como muñecos de ventrílocuos con intereses de otro orden. El duelo ante la muerte puede explicar pero no justificar el uso que los padres de familia están haciendo de la muerte de sus propios hijos, se den cuenta o no.

Más de fondo. Es curioso que lo de Iguala se haya dado en el marco histórico de la reforma estructural más importante del gobierno de Peña, la reforma educativa. ¿A nadie le cruzó por la cabeza que las escuelas normales rurales son un vestigio cancerígeno de la demagogia agraria del México de los años 20 y 30? ¿A nadie se le ha ocurrido extirpar el mal? Piénsenlo antes de que ocurra otra tragedia.

Si todo fue un montaje, acudan a instancias nacionales e internacionales para que liberen a los 120 detenidos.

valencia.juangabriel@gmail.com

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