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Viernes , 25.05.2018 / 20:03 Hoy

Opinión

Reforma Política

Juan Carlos Lastiri

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La reforma política aprobada por el Senado refleja por una parte una realidad de desconfianza y descontento de la población con el sistema político; pero también, el compromiso de las diferentes fuerzas políticas por modificar estas condiciones a través de un total de 38 iniciativas que modifican el andamiaje político institucional en el que se desenvuelven las relaciones de acceso y ejercicio del poder.

Ahora bien, como toda reforma en un contexto político plural, existen diferentes visiones sobre la forma en que en una democracia moderna se organiza lo político, por lo que si bien esta reforma no está exenta de críticas, si se recogen muchas de las demandas que por años se han venido señalando para hacer más eficiente, transparente, y confiable los arreglos institucionales del poder.

La reforma aprobada, entre otras cosas, termina con el sistema federalizado de elecciones, al desaparecer el IFE; elimina la autonomía de los institutos electorales estatales, que se convertirán en "organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral" y al facultar al Senado a nombrar a los magistrados electorales estatales, retirando de los Congresos estatales la facultad que tenía para elegirlos; se prevé que el presidente de la República tenga la posibilidad de establecer un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos y se establece como causal de nulidad de una elección el rebase de tope de gastos de campaña, cuando éste sea determinante en el resultado de la contienda.

Pero tal vez, el aspecto central de la reforma política es el poder regresar al ciudadano la capacidad de premiar o castigar políticamente a sus representantes por medio de su reelección inmediata, lo cual permite generar una dinámica de incentivos diferente en la que en base a los resultados los ciudadanos podrán hacer una evaluación y tomar decisiones sobre el trabajo de un senador, diputado o presidente municipal. Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos lo cual les permitirá estar 12 años en su escaño; y los diputados federales y estatales tendrán derecho hasta cuatro elecciones para quedarse en la curul hasta 12 años; los primeros en beneficiarse de ella serán los legisladores que sean electos en 2015 y los senadores que lleguen en 2018.

Por otra parte, el nuevo modelo electoral estará centrado en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros serán seleccionados por una comisión integrada por representantes de la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Este instituto elegirá a los consejeros electorales estatales y será el responsable de los comicios en todo el país, aunque se encargará principalmente de las federales y se coordinará con los órganos estatales para las locales.

Finalmente se establecen condiciones bajo las cuales puede anularse una elección federal o local, este sistema de nulidades se establece, cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado siempre y cuando se determine que la falta fue "sistemática" y "determinante" para el resultado.

En suma, estos nuevos arreglos institucionales modifican las reglas del juego y los actores políticos deberán ajustar sus acciones hacia una manera más eficiente y responsablede acceder y ejercer el poder, en donde tal vez el papel más importante lo juegan los ciudadanos quienes deberán estar pendientes y ejercer desde su espacio de acción, una posición más participativa y crítica del sistema político.

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