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De paso

Para fundamentar nuestro "sospechosismo"

José Luis Reyna

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A México le daña profundamente la brutal falta de transparencia de sus autoridades. Le daña también su deficitario estado de derecho. No es fortuito que el todavía hoy gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aconsejara a los mexi­canos "fortalecer la seguridad jurídica, el estado de derecho y rechazar la corrupción". Sin embargo, son frases que se las lleva el aire. Tan es así, que el actual encargado del despacho de la PGR decidió congelar la investigación relacionada con la empresa Odebre­cht, pese a que se obtuvieron conclusiones finales, anunciadas por el ex procurador Raúl Cervantes. La empresa brasileña Odebrecht tendió un gran ducto de corrupción que recorrió desde Brasil a México. Su ex presidente Marcelo Odebrecht (MO), quien fuera uno de los más poderosos empresarios de Brasil, ha sido condenado a 19 años de prisión. Encarcelados y sentenciados se encuentran también José Dirceu, ex jefe de gabinete del presidente Lula da Silva, y Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados. En Perú, el ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) se encuentran en prisión preventiva. Todos ellos acusados de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. La lista es larga y abarca varios países, pero por ahora todo indica que México salvará este nuevo escándalo de corrupción. Nuestro particular modus vivendi.

MO ha negociado una reducción de su sentencia en la medida que delate a quienes fueron involucrados en su refinado esquema de corrupción. Así fue como se supo de la presunta responsabilidad de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex. Supuestamente recibió dinero cuando era miembro de la campaña presidencial de Peña Nieto y, por tanto, fue investi­gado por la Fepade de la PGR. Sin embargo, como es sabido, su titular fue cesado y la información de la investigación que tenía en sus manos se acalló. Y ahora, se congeló.

Varios legisladores y representantes de la sociedad civil organizada han urgido a la PGR a dar a conocer los pormenores de la investigación que, de acuerdo con Raúl Cervantes, "puso a prueba nuestra determi­nación y a nuestras instituciones". Legisladores del PRD, entre otros, han exigido una reunión con Elías Beltrán, el encargado de la PGR. Es improbable que esta reunión tenga lugar.

La sociedad mexicana vuelve a presenciar un acto de gran opacidad. Da la impresión de que el gobierno prefiere el escándalo (uno más) antes de hacer transparente un asunto que puede cimbrar al país y desestabilizarlo. Los hechos se encadenan con una lógica impla­cable. Con razón o sin ella, el fiscal para delitos electores es apartado de su trabajo. Y unas semanas después la investigación, de la que él fue uno de sus protagonistas, es congelada. La actual adminis­tración presidencial no está dispuesta a perder las elecciones del año entrante. Para ello, si es necesario e independientemente de los costos, oculta los datos de una investigación aparentemente concluida. ¿Hay alguna razón para creerle a la clase política en el poder? La respuesta es no. Hay, en cambio, razones para fundamentar nuestro sospechosismo, el que seguramente se verá reflejado en las urnas

jreyna@colmex.mx

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