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Jueves , 21.06.2018 / 15:43 Hoy

De paso

La transparencia en México es ficticia; la impunidad, no

José Luis Reyna

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La transparencia es un término retórico. La opacidad es una institución consolidada. Es el mejor cobijo para no revelar lo indebido o lo que no conviene; ofrece protección. Lo mucho que queda del México autoritario mantiene vivo un sistema insuficiente de leyes que tienden a justificar lo injustificable y explicar lo inexplicable. La ley se ajusta a modo. Por eso no sorprende que un subordinado del Presidente lo exonere de un presunto tráfico de influencias. Es probable que la investigación se sostenga jurídicamente. Es improbable que la conclusión resista el alto nivel de desconfianza, desánimo e incredulidad que embargan a una buena parte de la sociedad. No es suficiente, además, que nueve meses después el jefe del Ejecutivo ofrezca una disculpa pública a aquellos que pudieron ser lastimados o haberse indignado ante hechos que se perciben (en tiempo presente) como inapropiados. Una disculpa que no frena el desplome del país.

La exoneración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio licencia a Peña Nieto (y a su secretario de Hacienda) para disculparse públicamente. No lo hicieron antes porque habría implicado la aceptación de la culpa. Ahora es posible porque en verdad quieren creer, convencerse a sí mismos, que su proceder fue conforme a derecho. Sin embargo, la disculpa es tardía y en vez de resolver el problema (que sigue vigente) será motivo de críticas tanto para los presuntos culpables del conflicto de interés como para la SFP, que llegó a una conclusión que, aun sin investigación alguna de por medio, todo el mundo sabía el resultado de la misma. ¿En verdad, no hay conflicto de interés entre un patrón y un empleado para que éste diga lo que quiere aquél? Y que la “autoridad” correspondiente haya cerrado el caso, no hay nada más que aclarar, todo está en orden.

Tal vez no sea delito tener una relación profesional entre un funcionario público y una empresa. Pero sí cae en el terreno de la suspicacia que un Presidente y un secretario (aunque en su momento no eran funcionarios federales) tengan vínculos inmobiliarios personales con una empresa que recibe contratos millonarios como es el caso de la constructora Higa. Una ley que, como se dijo, no fue violentada por no existir la norma correspondiente. En términos de ética, los hechos siguen indignando y lastimando a muchos.

Puede decirse que desde que se creó, en 1983, la Secretaria de la Contraloría en el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la de la Función Pública (2003) en tiempos de Fox, la institución ha sido más una carga burocrática que un organismo eficiente. Ha sancionado a funcionarios menores, pero todavía no cae ningún “pez gordo”, como lo aseguró uno de sus secretarios (Francisco Barrio). Es más, en 2009 Calderón intentó borrarla del organigrama del gobierno federal. El Congreso no aprobó la iniciativa, lo que no impidió dejarla acéfala por casi seis años hasta que fue revivida por la administración presidencial actual.

En teoría, el papel de la SFP es fundamental en un país como el nuestro: vigilar, regular, controlar el uso de los recursos públicos. No tener el aparato jurídico necesario para hacerlo en la realidad, permite frecuentes irregularidades en todos los niveles de gobierno. En México, la transparencia es ficticia y la rendición de cuentas es retórica. Por eso el acto de exonerar es cómplice de la brutal impunidad que campea por todo el país. Por eso estamos en el nivel inferior en la escala de corrupción internacional. Por eso el país va a la deriva.

jreyna@colmex.mx

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