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Miércoles , 21.11.2018 / 09:30 Hoy

De paso

La PGR y la SHCP, los nuevos sectores del PRI

José Luis Reyna

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En México tenemos una justicia que, con frecuencia, responde a los designios del poder en turno. La impartición de justicia tiene que ser autónoma y no dependiente de los dictados de los que mandan. Cuando la justicia depende de los poderosos, estamos inequívocamente ante un régimen autoritario, aunque en el discurso político se insista, hasta el cansancio, que el régimen tiene todos los atributos democráticos; ese es nuestro México. Tenemos una Procuraduría General de la República que claudica ante el poder presidencial. Una institución que no garantice la impartición de justicia, que no cumpla la función de abogar por la nación es una institución lisiada: la nuestra, desprecia al ciudadano (cuantos ejemplos existen), complace al poder.

Cuando la justicia se politiza se atenta contra la democracia. Hay una estrecha correspondencia entre la justicia imparcial y la democracia como régimen. En la coyuntura electoral de hoy, las instituciones que procuran la justicia han tomado partido. Las que administran el erario también. Se politizaron y, por consecuencia, pusieron a un lado las funciones prioritarias que le corresponden. La PGR ha emprendido una cacería feroz contra el candidato presidencial Ricardo Anaya, uno de sus opositores políticos. El PRI usa a la PGR como una palanca para impulsar la cacería. La SHCP y el SAT hacen lo propio. No es, en nuestra historia, el primer caso de desaseo institucional. Más bien es una pauta aplicada con frecuencia por esta administración y muchas anteriores. Esta pauta señala que la justicia es diferencial, dependiendo de quién o quiénes son los objetivos. En el caso de Anaya ha sido “expedita y eficiente”. Ahora bien, si se le encuentra culpable, que se le penalice.

Sin embargo, la PGR no puede considerarse una institución modelo para averiguar, detener y sancionar a los presuntos culpables. Cuantos casos se han caído por la ineficiencia de esa institución, cuantos más impunes. Capos de la droga que, después de detenidos, se liberan “por falta de pruebas”. Políticos de alto nivel que se regodean con sus riquezas ante la nariz de la sociedad. Si la PGR fue tan eficaz con Anaya, por qué no lo ha sido con César Duarte cuya solicitud de extradición está envuelta en una telaraña burocrática. No hay una explicación de por qué Lozoya (Odebrecht) no ha sido tocado (ni lo será) después de la presentación de las pruebas brasileñas que fundamentan la indagación correspondiente. Las irregularidades del secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, que hace del cinismo su gala. La Estafa Maestra que arrancó miles de millones de pesos a los necesitados para invertirlos en otros menesteres. Hoy en día, el gobierno federal y su partido persiguen a los que se oponen al régimen. La PGR y la SHCP se volvieron parte del corporativismo priista.

México tiene un sistema de justicia en crisis. Persigue a quien se le opone, no a los presuntamente culpables. La justicia, en este sexenio, tomó partido como nunca antes: se prostituyó. Por la vía de las instituciones, el régimen político actual se reencontró con su real esencia: el autoritarismo. Nada que envidiarle a Venezuela.

jreyna@colmex.mx

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