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Martes , 18.09.2018 / 16:55 Hoy

De paso

La minería, actividad consentida del Estado

José Luis Reyna

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La minería tiene un trato preferencial del Estado: soterrado y tolerante. Es explicable porque la actividad minera no tiene la carga simbólica que, por ejemplo, el petróleo desde que fue expropiado en 1938. La minería, ese gran negocio privado, pasa inadvertida dentro del escenario político y económico del país.

Se dice lo anterior porque una empresa minera, perteneciente al Grupo México, ha ocasionado un brutal desastre ecológico en el estado de Sonora. De sus instalaciones se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a dos ríos (Bacanuchi y Sonora). La afectación de 200 kilómetros del recorrido de ambos han lastimado la vida de alrededor de 200 mil personas en siete municipios de esa entidad del norte mexicano. Tan grave es el problema que el ciclo escolar, iniciado el lunes pasado, fue pospuesto. Los niños de 88 escuelas de la zona dañada no regresaron a clases. El desastre afecta, además, a los habitantes de la región: no hay agua potable. Ni mencionar los perjuicios a los agricultores y ganadores de esa región sonorense.

La actividad minera cuenta con la protección del Estado (“no la satanicen”, declaró el secretario del Medio Ambiente). Pese a que obtiene ganancias multimillonarias, su régimen tributario es tan bajo que todo lo que extrae se convierte en ganancia para unos cuantos en detrimento de muchos, incluyendo el impuesto que el Estado tendría que recaudar. Denise Maerker lo expone con claridad: “el Grupo México (dueño de la mina en cuestión) tuvo el año pasado ventas consolidadas por 9 mil 300 millones de dólares (mdd) con beneficios netos de mil 700 mdd” (El Universal, 19/VII/14). No es fortuito que uno de los empresarios más importantes de dicho grupo (la familia Larrea) ocupe el lugar 48, al considerar a los 100 personajes más ricos del mundo, con una fortuna que rebasa los 14 mil millones de dólares (Forbes).

Los desaseos mineros no solo tienen lugar en Sonora. Ocurren donde haya minas (Chiapas, Coahuila Durango, San Luis Potosí). Y, pese a que muchas de esas empresas violan la ley, la impunidad los protege porque la autoridad los cobija. El derrame de la mina sonorense ya causó la muerte de animales y peces. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) busca una sanción “alta”: 40 millones de pesos. Si se toma en cuenta su nivel de ganancia, mencionado líneas arriba, es como quitarle “un pelo a un gato”. En este caso, será difícil que la autoridad disimule, pues la afectación es de miles de personas, como también del trabajo agrícola y ganadero en un estado tan rico en estos rubros. La sanción no puede ser simbólica y ridícula.

A las empresas mineras no se les aplica la ley. Hay casos (San Luis Potosí) que son clausuradas y vuelvan a la actividad ilegalmente bajo la tutela de la autoridad. Su apetito de ganancia es voraz porque no hay ley que las acote, no hay norma que en verdad las sancione y, en cambio, hay autoridad que funge, si no como socio, sí como cómplice: ahí está el caso de la negativa del Grupo México para recuperar los cuerpos de los mineros de pasta de Conchos en Coahuila.

El Estado mexicano tiene la oportunidad de retomar la rectoría de la minería, así como dice tenerla en cuanto al petróleo. La justificación para lograrlo se la está dando la negligencia, los abusos y la impunidad que envuelve al Grupo México y su mina, Buenavista del Cobre. No puede haber complacencias. El gobernador sonorense (Padrés) ha sido muy complaciente con ese Grupo. Es más, se dice que consiguió del mismo 3.5 millones de pesos para repartirlo entre los siete municipios afectados: 500 mil pesos. El Grupo México se comprometió a llevar agua potable en la emergencia; hasta hora ha incumplido. Los funcionarios de la mina mienten al decir que el derrame se debió a una lluvia atípica, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua. Dio un aviso tardío del desastre que había provocado. Éste ha trascendido las fronteras del país.

En un momento en que la administración presidencial insiste una y otra vez que la reforma energética es benéfica para los mexicanos gracias a las leyes que la sostienen, de igual manera la aplicación rigurosa de la ley tendría que hacerse a una actividad netamente explotadora de una materia prima, que también es parte del patrimonio nacional: una industria redituable que no aporta prácticamente nada al erario y que es fuente de riqueza para unos cuantos.

La legitimidad de la administración presidencial actual dependerá en gran medida de cómo actúa ante un grupo privado, que se beneficia de un bien público y ha afectado gravemente una región de este país.

jreyna@colmex.mx

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