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Martes , 16.10.2018 / 21:13 Hoy

De paso

¿Hasta cuando?

José Luis Reyna

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El Presidente de este país tiene que estar más preocupado de lo que ya estaba. Un nuevo escándalo ha saltado al escenario circense nacional. El secretario de Comunicaciones y Transportes ha fungido presuntamente como asesor de la cuestionada empresa española OHL contra Infraiber, una empresa dedicada al control del aforo vehicular en autopistas. En una entrevista divulgada en varios medios se escucha cómo el secretario de esa dependencia federal define la estrategia en defensa de OHL y, de la conversación grabada (Reforma, 8/IX/15), se infiere que hay una colusión entre la administración federal actual y la empresa española.

Al Presidente le urge reconstruir la confianza: ese es su discurso. Los hechos, sin embargo, no tardan en desmoronarlo y ahora se tiene, una vez más, un acto que abona a la desconfianza, a la indignación ciudadana, al descrédito gubernamental y a la escasa legitimidad del régimen. Indudablemente volverá a argumentarse que las grabaciones se obtuvieron por vías ilícitas. Se dirá también que las frases están fuera de contexto. Que se manipularon. Pero, independientemente de todo lo anterior, un nuevo obús ha impactado en la estructura de poder del Estado.

Después del tercer Informe presidencial, el jefe del Ejecutivo se ha dedicado a obsequiar sendas entrevistas a diversos medios (MILENIO, Televisa y Radio Fórmula, entre otros). Siguiendo el mismo formato en todas ellas, ha insistido que la confianza es fundamental para alcanzar las metas que se ha trazado desde que asumió el poder hace casi tres años. Que el primer mandatario es una persona saludable y que atribuirle enfermedad alguna es vil rumorología. Que su vida matrimonial va sobre ruedas. Que todo lo que ha hecho en su vida, y la de sus familiares cercanos, se enmarcan dentro de los linderos de la legalidad. Que el patrimonio de la familia presidencial es producto del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad.

Sin embargo, algo tenía que suceder. La semana pasada se puso en duda la "verdad histórica" que el ex procurador Murillo expuso a principios de este año. Un grupo de expertos de la CIDH, sin desmentir del todo esa "verdad", definió una hipótesis alternativa que pega en la línea de flotación de la administración de Peña: no hubo incineración de 43 cuerpos en el trágicamente famoso basurero de Cocula. Y en la misma semana surge otro acto que, por decir lo menos, causa suspicacia: la presunta relación entre el gobierno federal y la empresa OHL.

El Presidente no puede estar rebasado por los hechos ni por las circunstancias. Si llegase a suceder, el país tendería a la ingobernabilidad, ya sin mencionar la incredulidad, la indignación y la protesta que crecen día a día. En Guatemala se actuó con contundencia ante un presunto ilícito cometido por su presidente y su vicepresidenta. Ambos se encuentran bajo juicio. Si acaso Peña Nieto quiere librarse de este nuevo escándalo (SCT-OHL), tiene que actuar con contundencia. Ordenar una investigación independiente que, de hacerse, no deje dudas. Si es pragmático, como se define, tiene que empezar a poner orden en una casa (el sistema) que más bien parece tiradero. Habría que añadir que Peña Nieto se contradice al nombrar como subsecretario de Gobernación para prevenir el delito a un cuestionado personaje del Partido Verde. Por donde se le vea, el "funcionario" no encaja en el perfil del cargo. ¿Cómo puede ganarse la confianza ciudadana? Vale preguntarse entonces, ¿hasta cuándo?


jreyna@colmex.mx

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