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Cartas de América

Los criterios del TEPJF antes y después

Jorge Luis Fuentes Carranza

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Mi estimado amigo y paisano Mario Alberto Mejía (http://goo.gl/4bKafw) me obliga mediáticamente a hacer la defensa jurídica de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos, entre otros, por quien escribe, contra las leyes “Anti Bronco” de Puebla, en virtud fundamental, de haber sido elaborados por un servidor, sin mayor pretensión fuera de la de arribar a un Estado democrático.

La brevedad del espacio me impide hacer una disertación jurídica completa, por lo que seré breve con la pretensión de ser claro en la explicación del recurso interpuesto y su oportunidad jurídica en la búsqueda de probar la inconstitucionalidad de la norma:

1) El sistema electoral mexicano abrió a los ciudadanos sin partido político la oportunidad de ser postulados para la obtención de cargos de elección popular; sin embargo, no ha integrado en su sistema de medios de impugnación electoral una vía idónea para que éstos puedan hacer valer dicho derecho ante un acto de autoridad (en este caso legislativo) cuando ésta imponga requisitos desproporcionales, irracionales e inequitativos para acceder a la contienda.

Como se sabe, un JDC cumple las veces de un amparo en materia electoral; pero su interposición ante el Tribunal Electoral y no ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (como la acción de inconstitucionalidad impedida a los ciudadanos), hace nugatoria una vía procesal para que un ciudadano pueda reclamar la violación de un derecho por la entrada en vigor de una ley que por su sola promulgación, restringe una garantía reconocida por la Constitución en su artículo 35.II.; ya que la SCJN es la única facultada para conocer sobre la inconstitucionalidad de leyes federales o locales en sentido general.

No obstante lo anterior, la Sala Superior del TEPJF, en concordancia al principio constitucional que la doctrina denomina pro personae, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (que no termina por aplicarse en nuestros tribunales), así como por la existencia de la laguna jurídica antes señalada, sentó un antecedente en el considerando primero, respecto de la competencia (http://goo.gl/rwgGlE), en un caso esencialmente similar al nuestro.

En aquel caso, ocurrido en Zacatecas en 2012 ante las elecciones locales de 2013, antes un acto concreto de autoridad hacia algún ciudadano, la Sala Superior manifestó la procedencia de un par de JDC´s en contra de un acto materialmente legislativo “sobre la impugnación de actos o resoluciones relacionados con la emisión o aplicación de normas generales por parte de las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas, que no estén vinculados, en forma directa y específica, con una determinada elección”, como es el caso de lo expuesto en los JDC´s poblanos.

Ergo, nuestro Congreso local, al emitir las leyes “Anti Bronco” sobre una materia plenamente electoral, se convirtió en una autoridad para los efectos de un JDC. Y el hecho de que éstas leyes sean generales en sentido abstracto, no impidió en 2012 dicho criterio, “… pues como ya se dijo se trata fundamentalmente de una norma general, en la que el reglamento impugnado se relaciona precisamente con el proceso electoral en sus tres niveles, por tanto, dada la importancia que esto reviste al referirse a candidaturas independientes, es claro que la competencia para conocer de las impugnaciones de tal acto se surte a favor de la Sala Superior”.

Lo anterior, lo fundamentó la Sala con la tesis de jurisprudencia: “COMPETENCIA. CORRESPONDE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES DE ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES ESTATALES, RELATIVOS A LA EMISIÓN O APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES”, cuyo contenido atinente es el siguiente: “…se advierte que la distribución de competencias establecida por el legislador, para las Salas del Tribunal Electoral, con el objeto de conocer de los juicios de revisión constitucional electoral, dejó de prever expresamente a cuál corresponde resolver sobre la impugnación de actos o resoluciones relacionados con la emisión o aplicación de normas generales de las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas, que no estén vinculados, en forma directa y específica, con una determinada elección…”, la cual, análogamente aplicó para los JDC´s comentados.

Ahora bien, si una autoridad administrativa realiza un acto materialmente legislativo como la emisión de un reglamento, y así se permitió impugnar una norma electoral general mediante un JDC, ¡sin un acto específico de autoridad, en abstracto!, también es permisible atacar bajo el mismo principio, el acto legislativo realizado por un Congreso, toda vez que lo hace en materia electoral, por lo cual, como se mencionó, un amparo no es procedente, y por tanto, la Sala suplió la falta legislativa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al permitir a un ciudadano defender sus derechos por medio de un JDC.

2) Dicho lo anterior, atiendo al segundo y más importante aspecto, sobre la inconstitucionalidad de los requisitos impuestos en Puebla, toda vez que son desproporcionales al imponer la comparecencia de los apoyos ciudadanos ante la autoridad electoral en un brevísimo plazo de 20 días.

Y no lo digo yo, así lo determinó la Sala en el caso zacatecano, en cuya ley se pidió, similarmente a la poblana, la comparecencia ante Notario Público, toda vez que “La exigencia de que la relación de apoyo ciudadano se haga constar mediante fe de hecho notarial [o ante autoridad electoral] se considera un requisito desproporcional e irracional, que no está respaldado en la Constitución Federal, y obstaculiza el derecho fundamental de acceder a las candidaturas independientes, pues no es acorde con los principios rectores establecidos en la Carta Magna, para el ejercicio de ese derecho fundamental” en virtud de que estos “deben ser, razonables, proporcionados y acordes con los fines de la propia ley”.

Claro, lo anterior ocurrió antes de que un ciudadano sin partido (no importa para el caso su adicional calidad de político) cimbrara al sistema de partidos al arrebatarles una gubernatura en 2015. Por lo que los criterios políticos y jurídicos de 2012, no son los mismos de 2015 a pesar de una composición idéntica de la sala (salvo por la actual ausencia de un magistrado).

Aquella ves, privó el principio pro personae, y ahora, ¿ése principio ha sido rebasado por la coyuntura electoral y el temor a las candidaturas ciudadanas que puedan presentarse en las siguientes elecciones locales y federales?

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