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Martes , 21.08.2018 / 06:02 Hoy

Cartas de América

El síndrome del absurdo

Jorge Luis Fuentes Carranza

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La conducción habitual de los gobiernos latinoamericanos es bastante gravosa para los ciudadanos, que son por ellos, mal gobernados. Mucho se habla del Síndrome de Estocolmo para justificar que sean los principales perjudicados de estos gobiernos, quienes validen con sus acciones activas y pasivas, la continuidad del perjuicio sufrido.

En el Síndrome de Estocolmo, el secuestrador o victimario se convierte en una persona estimada e incluso justificada en sus actos, por quien es secuestrado, genera hacia él, un fuerte vínculo afectivo que le impide señalarlo como el delincuente que es y generar o buscar generar su escape.

Así, los habitantes de la América Latina hemos incluso apreciado a nuestros gobernantes-victimarios al grado de sopesar sus arbitrariedades, desenfrenos y corruptelas con justificaciones culturales como lo son: “quien no transa no avanza”, “roba pero deja robar”, “su trabajo le costó llegar a donde está”, y un larguísimo y triste etcétera que nos convierte en víctimas en ejercicio de un contra derecho de complicidad.

Todo ello al grado de que la regla general es la transa y su permisión; y la excepción no es la honorabilidad, sino acaso, que te cachen.

Por lo anterior es realmente paradigmático lo acontecido en Guatemala, realmente sorprendente. Un verdadero ejemplo que enaltece a nuestro continente desde una nación sumergida en la pobreza más absoluta y con una dimensión que no le permite mucha trascendencia en la normalidad internacional.

Gracias a la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se emprendió en aquel país, un proceso señalado como “relámpago” que llevó a su ahora ex presidente, de ser el mandatario de su país, a un reo común.

La CICIG no fue obra de la nada, corresponde a una serie de elementos en la integración del Sistema Político guatemalteco que permitió, desde su Corte de Constitucionalidad y la posterior ratificación de su Congreso, que mediante un acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala, esta instancia se instalará para coadyuvar a las instancias de procuración de justicia, como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en la investigación de diversos delitos cometidos por los ilegales cuerpos de seguridad y los clandestinos aparatos de seguridad contra la población, así como en la investigaciones de los cárteles delictivos que con la complicidad de los aparatos de gobierno, cometieron diversos actos de corrupción.

Con la intervención de la CICIG, encabezada por el colombiano Iván Velásquez Gómez, se fueron desmitificando a los integrantes y victimarios de los distintos cuerpos de corrupción guatemaltecos, para dejar de ser esos gobernantes que secuestran la tranquilidad y felicidad de sus habitantes pero que son aceptados y con tratos eufemísticos hasta admirados, por sus propias víctimas (los habitantes secuestrados), para resultar convertidos en los delincuentes que son.

A pesar de la debilidad institucional de su Estado, Guatemala y sus instituciones resolvieron, primero, que fuera una instancia internacional la que participara en las investigaciones de los actos señalados; y no un vilipendiado empleado del investigado, como por aquí, en México, pasó.

Y para ello, como comentamos arriba, fue necesario que la Corte de Constitucionalidad resolviera la procedencia de dicha instancia. A pesar de las complicidades que sin duda existen, sus integrantes actuaron con autonomía y en acato a los mandatos que sus facultados les exigen considerar.

Luego, fue el Congreso quien ratificó a su Corte, por lo cual la CICIG pudo actuar con los resultados por todos conocidos, hasta llevar con el resultado de sus investigaciones, al ex presidente Otto Pérez Molina, ante una corte que ayer le dictó prisión preventiva.

Claro, la intervención y el levantamiento de la población guatemalteca fue sin duda el fiel de la balanza entre atreverse o no, por parte del Congreso a quitarle la inmunidad constitucional a Pérez Molina.

Sin embargo, a pesar de muchas de las manifestaciones ocurridas en México después de la matanza en Iguala, Guerrero de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el mismo estado; así como de la investigación, hoy acreedora del premio nacional de periodismo, sobre la “Casa blanca de Enrique Peña Nieto” y los actos sin duda alguna corruptos que cometió para hacerse de ella, los resultados son muy lejanos.

Ya que en México, no tenemos ni Suprema Corte de Justicia que haga contrapeso, ni Congreso de la Unión que pueda ratificarla, ni mucho menos, aún, una sociedad dispuesta a salir del secuestro en el que se encuentra y deje de admirar a los habituales protagonistas de las revistas de sociales, que nos tienen secuestrados.

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