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Viernes , 19.10.2018 / 15:33 Hoy

Todoterreno

Tribunal de Justicia Municipal vulnera Derechos humanos

Jorge Alonso Guerra

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El Tribunal de Justicia Municipal en Torreón, mismo que conoce de accidentes viales, conflictos entre vecinos y quejas a servidores públicos municipales incluyendo al Alcalde, entre otras facultades, está considerado por la Suprema Corte como inconstitucional, pues se encuentra en el supuesto de prevaricato, es decir, es juez y parte en las resoluciones que impone. En otras palabras, cuando una persona no está conforme con el fallo de un juez unitario de dicho Tribunal de Justicia Municipal, reclama la resolución al Tribunal Colegiado del mismo TJM, donde todos sus integrantes son empleados del municipio, Contralor, Primero y Segundo síndico, Director Jurídico del ayuntamiento y el mismo Presidente del TJM, dejando en estado de indefensión al quejoso, pues es juzgado por la misma autoridad en dos instancias diferentes. Pero no solamente es un tribunal inconstitucional, además está vulnerando los derechos humanos de las personas que tienen la desgracia de ser remitidos a la cárcel municipal, por alguna falta administrativa, la cual debe sancionar con una multa, o hasta 36 horas de arresto, conforme al Artículo 21 constitucional que a la letra dice…Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Pero la realidad es que en dicho tribunal, está abusando en la imposición en las multas, donde la gran mayoría de los detenidos son jornaleros, obreros y asalariados de muy bajos recursos, pues son aplicadas en forma discrecional por los jueces municipales, donde sancionan hasta con 200 salarios una falta administrativa, que traducido a pesos, sería varios meses de trabajo del detenido, pues la mayoría recibe uno o dos salarios mínimos al mes, o de lo contrario quedarse recluido en la ergástula municipal hasta por 36 horas, con el riesgo de perder su trabajo por no haber asistido a sus labores. Cabe mencionar que dichas multas arbitrarias, fueron aprobadas en la administración panista, a cargo de José Ángel Pérez, mismas que siguen vigentes indebidamente hasta ahora. Las cuáles deberían ser abrogadas en la cercana homologación de reglamentos en el área metropolitana de la Región Lagunera, pues resulta a todas luces inconstitucionales. Lo más lamentable, es que las barras y colegios de abogados -casi uno por abogado- no hagan valer su presencia ante esta flagrante violación de derechos sustantivos, y la Comisión de Derechos Humanos ya sea estatal o federal, las cuales están radicadas en esta ciudad no se hayan pronunciado de oficio. Este es el claro ejemplo de que nuestro país se jacta en el extranjero de respetar los derechos fundamentales de sus habitantes y migrantes, pero la realidad nos hace despertar de un sueño utópico.


jorge.alonsoguerram@yahoo.com.mx

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