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Martes , 16.10.2018 / 03:56 Hoy

Estira y afloja

Ni partidos ni candidatos pueden comprar Fibra E

J. Jesús Rangel M.

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Los documentos elaborados por el equipo del director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, para ser analizados por los inversionistas de la Fibra E y cualquier persona son muy completos y están disponibles en su totalidad en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ahí se pueden encontrar otros riesgos sobre la vigencia de la concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), lineamientos fiscales, estados financieros y el análisis de auditores independientes.

En el documento titulado “Opinión legal”, de 179 páginas, se afirma que deben suspenderse servicios con “aquellos clientes que se encuentren en los listados de personas bloqueadas”.

Son las personas físicas y morales que la Unidad de Inteligencia Financiera determinó que pueden ser sujetas a operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Como usted sabe, entre otros, están los candidatos a puestos de elección popular, entre ellos a la Presidencia de la República, y los partidos políticos.

La orden es simple: se prohíbe realizar “cualquier acto, operación o servicio con las personas señaladas en las listas”. Por eso en el documento se ordena “cesar el cumplimiento de servicios con dichas personas” y además reportar la situación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el “prospecto final” de inversión también se afirma que se puede revocar la concesión aeroportuaria por el gobierno incluso por la falta de cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo, una interrupción temporal o permanente en las operaciones del aeropuerto, por “no mantener vigentes los seguros aplicables, alterar las condiciones de los aeródromos civiles establecidas en el título de concesión sin autorización de la SCT, ceder, gravar, transferir o enajenar las concesiones o los derechos en ellas conferidos o los bienes afectos a las mismas
sin autorización de la SCT, la falta de pago de los daños resultantes de las operaciones del aeropuerto, el exceder las tarifas máximas aplicables o el incumplimiento de cualquier otra condición sustancial de la concesión”.

Otra razón es que el gobierno puede hacerlo “en cualquier momento a través del rescate, si, de acuerdo con la legislación mexicana aplicable, se determina que es de interés público el hacerlo”.

También se plantea con claridad que “no hay base para el supuesto de que los planes con respecto al nuevo aeropuerto se materializarán, o que tendrán éxito, o que las proyecciones con respecto a las operaciones del nuevo aeropuerto serán exactas”.

Así de claro.

jesus.rangel@milenio.com

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