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Viernes , 21.09.2018 / 08:02 Hoy

Estira y afloja

Disolverán empresas corruptas

J. Jesús Rangel M.

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Dentro del sistema nacional anticorrupción que se ajustará en el Legislativo, los particulares en general (personas físicas y morales) no presentarán su declaración patrimonial y de interés, pero tendrán que cumplir con diversas obligaciones que involucran varias leyes y prácticas que muchos ya aplican.

La iniciativa votada mayoritariamente en el Senado establece en el artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que tendrán que “formular un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés”.

Las empresas y particulares que operan en la Bolsa Mexicana de Valores ya cumplen con este tipo de requisitos, y creo que no serán difíciles de cumplir los nuevos formatos.

Este mismo artículo prevé la creación de una plataforma digital nacional que incluirá la relación de particulares que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos, además que en el artículo 45 de esa ley se prevé que las secretarías o los órganos internos de control supervisarán los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se cumplen los requisitos.

Las sanciones para particulares que sobornaron a servidores públicos, favorecieron el tráfico de influencias, utilizaron información falsa o alterada, usaron indebidamente recursos públicos, o contrataron de forma indebida a ex servidores públicos, son diferenciadas.

Para personas físicas se establece en los artículos 81 y 82 de la misma legislación una sanción económica que podrá alcanzar hasta “dos tantos los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización”.

Para personas morales la sanción económica podrá alcanzar hasta “dos tantos los beneficios obtenidos; en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

También será sujeto a la “suspensión de actividades por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor a tres años, y consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley”.

Otra de las sanciones será la disolución de la empresa, lo que significa perder la capacidad legal de una persona moral.

jesus.rangel@milenio.com

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