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Martes , 16.10.2018 / 00:23 Hoy

Columna de JC Vázquez Mellado

Falacias: oralidad penal, la solución a problemas de justicia

JC Vázquez Mellado

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La adopción del nuevo sistema penal acusatorio, caracterizado por su oralidad, ha generado algunas expectativas que superan la realidad y, por tanto, resultan falaces.

Por ejemplo, hay quienes aseguran que con la oralidad desaparecerían la corrupción, la ilegalidad, los abusos, las violaciones a los derechos humanos y un largo etcétera. Visto así, el nuevo sistema penal parece venir a resolver un gran número de problemas en lo que concierne a la impartición de justicia, o aún más: es la panacea.

Es de suponerse que la corrupción, tanto por parte del ciudadano que acude a pedir justicia como de la autoridad que la imparte, disminuirá como consecuencia del aumento del control que la propia oralidad proporciona al sistema, dado que todos los actos procesales se harán frente al público y los jueces actuarán de forma transparente. Ello es cierto, pero solo en parte, pues no debe perderse de vista que será el fiscal quien construya el caso y lo lleve ante el juez junto con el material probatorio suficientemente robusto que acredite, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal en la comisión de un delito.

Por cuanto hace a la legalidad, debe advertirse que el juez no puede sino ajustarse a los lineamientos que marca la ley en cuanto a la definición del hecho delictuoso (tipo) y mover la pena dentro del mínimo y máximo que el legislativo estableció. Caso especial es cuando el delito es considerado no grave por la ley y sin embargo la sociedad lo considera como un hecho sumamente grave, eso no lo puede resolver el ámbito judicial, sino el legislativo. Por tanto, corresponde a los legisladores, siendo sensibles a la percepción social, catalogar como graves las conductas antisociales que lastiman a la sociedad.

Las virtudes del sistema se verán a mediano y largo plazo cuando el entorno en que se den sea modificado y se entienda que, aunque parezca escandaloso, no es la justicia su finalidad sino su eficacia. Aclaro: el sistema por su naturaleza busca fundamentalmente ser eficaz, aunque no sea necesariamente justo; premia la confesión para disminuir la pena, aunque el hecho confesado sea un hecho menor que el verdaderamente sucedido.

Por otra parte, hay que recordar que el sistema descansa en una policía diligente y eficaz, en un fiscal responsable cuyo trabajo sea la construcción del caso con pruebas sólidas y obtenidas en un marco de legalidad para presentarlo ante el juez, sin estos presupuestos la oralidad no llegará a buen fin.

Además recuérdese que el sujeto a quien se acusa frente al juez, por principio es inocente y no tiene que probar esa circunstancia, le pertenece por presunción constitucional, y esta presunción debe ser destruida por el fiscal y debemos recordar que aquellos crímenes a los que la sociedad civil le pone atención son aquellos que aparecen en los medios de comunicación y que han sido juzgados mediáticamente sin que se presentara material probatorio que incrimine al presunto inculpado, puede salir libre por una presentación del caso carente de solidez y el juez se vea obligado a dictar absolución no obstante la percepción social de culpabilidad. Ello, en última instancia, puede deslegitimar el sistema ante los ojos de la ciudadanía.

En conclusión: el sistema funciona si los insumos que le proporcionan son los pertinentes, más aún puede suceder que ante una mala presentación el juez, como se dijo, se vea obligado a liberar a quien la sociedad considera culpable. Ejemplo es el caso reciente del hijo del ex gobernador Vallejo, quien mediante pruebas mediáticas fue condenado socialmente y en un primer momento fue liberado después de un arraigo en donde se supone se reunieron pruebas en su contra y que a la postre fueron insuficientes, y en un segundo momento fue sentenciado a una pena mínima que frente a la sociedad resulta risible.

No pedir peras al olmo es una afirmación popular que resulta aplicable el caso.
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Magistrado

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