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Miércoles , 12.12.2018 / 13:08 Hoy

Antena

SCJN, en un dilema

Javier Orozco Gómez

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El proyecto de resolución del ministro Javier Laynez sobre la denominada tarifa cero (prohibición de cobro, al preponderante, por interconexión a su red), ha puesto a los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte (SCJN) en un dilema, por ser un proyecto que merma al Poder Legislativo y carece de exhaustividad en su análisis.

El miércoles, los ministros Eduardo Medina, Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán y Margarita Luna Ramos discutirán dicho documento.

¿Qué dice el proyecto de resolución? Concede el amparo a América Móvil contra el artículo 131, párrafo segundo, inciso a), y demás relativos de la LFTR. La decisión establece que la Constitución otorga una competencia originaria al Ifetel para determinar medidas asimétricas, lo que se refuerza con la autonomía y la competencia especializada de dicho órgano, “por lo que el acto legislativo reclamado invade la esfera de competencia regulatoria del órgano regulador”.

De ese tamaño son algunas de las consideraciones, prácticamente deja al Poder Legislativo sin facultades para legislar sobre la naturaleza y atribuciones de los órganos autónomos. El proyecto adolece de analizar el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional que faculta al Congreso legislar sobre el sector telecomunicaciones; de hecho, ignora desvirtuar dicho artículo que una juez de Distrito si lo consideró y, por ello, recurre América Móvil y se está hoy en día ante la SCJN el litigio.

Asimismo, eliminar esta prohibición de cobro podría implicar un riesgo para las negociaciones del TLC. El gobierno de EU solicita como parte de las negociaciones, un regulador autónomo y un acceso efectivo a la infraestructura del preponderante. Al cambiar las reglas que propiciaron la llegada de operadores estadunidenses a México, se mete un tema sensible a la negociación del TLC, pues se compromete la inversión en el país.

Se manifiesta por no analizar la regularidad constitucional de la llamada tarifa cero; en otras palabras, si el Ifetel, con base en su competencia originaria y especializada, la llegase a imponer, comenzará nuevamente el juego legal de impugnación.

Vaya complejidad en la que están los ministros: no solo es un golpe a la reforma en telecomunicaciones, se pondría en riesgo competencia, inversión y beneficios a los usuarios.

jogomez18@gmail.com

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