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Antena

No opines, no disientas: te podrían sancionar

Javier Orozco Gómez

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En las empresas, talleres y fabricas confluyen laboralmente las personas, por lo que es lógico, natural y hasta deseable que en tales espacios haya opiniones, diálogos y disensos sobre las cuestiones políticas, así se construye una sociedad. Por ello, extraña la posición del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) cuando refiere que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión puede bordear la frontera de la legalidad, incluso llegar a constituir un delito.

De ninguna manera la libertad de expresión puede confundirse con coacción del voto, la línea no es fina ni delgada: si un grupo de trabajadores expresa su opinión o si lo hace un directivo o el dueño del centro de trabajo, están en su legítimo derecho de hacerlo. Tampoco es ilegal que se llame a reflexionar sobre el entorno del país, la oferta política de los candidatos y razonar el voto del próximo 1 de julio.

Las declaraciones del presidente del INE constituyen un amago que podría tener un pernicioso efecto de silenciamiento, es decir, que las personas se autocensuren para evitar ser observadas por la autoridad electoral, alejándonos del paradigma de la discusión robusta y vigorosa sobre los asuntos públicos.

Quien, en todo caso, está ejerciendo indebidamente coacción es la autoridad electoral, al proferir que podrían venir sanciones, lo que constituye una medida extrema —por cierto inconstitucional e inconvencional— para acallar una voz. Los llamados a “no enturbiar la elección” o el señalamiento de que “están en el límite de la ley” o “ejercer con responsabilidad la libertad de expresión” no tienen razón en un país de libertades.

Tal pareciera que la autoridad electoral considera que los votantes no tienen la capacidad de discernir cuando se trata de una amenaza y coacción real que pudiese afectar su empleo de las discusiones o reflexiones sobre el voto entre los propios ciudadanos; coacción, la de los partidos que condicionan apoyos gubernamentales a cambio de votos.

Finalmente, es claro que la autoridad electoral no puede llegar al extremo de entrometerse en la vida interna de las empresas o ¿acaso también va a ir de casa en casa para ver cómo platican las familias sobre las elecciones? El INE tiene hoy tareas más importantes que realizar —fiscalización del gasto, distribución de boletas, instalación de casillas, capacitación de ciudadanos, etcétera— que estar lanzando advertencias.

Quizá no sea culpa del INE, sino del autoritario modelo soviético impuesto en 2007 y su pésima aplicación.

jogomez18@gmail.com

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