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Desde el biopoder

Rechazo unánime a la violencia

Jaime Zambrano

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Las voces contra la violencia se unieron en Puebla tras los homicidios de Juana Iris Maldonado Infante, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a una diputación local; y Erika Cázarez Acosta, regidora de Salud del municipio de Juan Galindo, ambas asesinadas mientras viajaban en un auto compacto en una de las carreteras del municipio de Zihuateutla en la Sierra Norte de Puebla.

Primero los candidatos al gobierno del estado, Michel Chaín, del PVEM; Martha Erika Alonso, del PAN; Enrique Doger, del PRI; y Miguel Barbosa de Morena; luego los partidos políticos; más tarde, los empresarios y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

“¡Ya basta!”, “¡Ya basta!”, es la voz de los poblanos ante la inseguridad y los asesinatos, explicó el líder de la grey católica en Puebla, quien resaltó que existe efervescencia por el proceso electoral, sin embargo, no es para llegar a este nivel de violencia.

Algunas voces piden cambios en la gestión estatal, en áreas como la Fiscalía General del Estado que encabeza Víctor Carrancá Borguet, o en la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Diódoro Carrasco Altamirano. El problema es que movimientos de personas no solucionan la inseguridad.

Como explicó el arzobispo poblano, la renuncia del titular de la FGE, no es la solución para aclarar el homicidio, ni para detener la violencia.

El doble homicidio se une al asesinato del pasado 30 de marzo del precandidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, Aarón Varela Martínez, mientras viajaba en su unidad; y el 16 de abril se reportó el asesinato del candidato del PRI a la alcaldía de Francisco Z. Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez.

El problema no es sencillo y mucho menos cuando en escuelas de educación básica se aprecian actos de violencia como el ocurrido en la secundaria Benito Juárez del municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte, donde una menor agrede verbalmente a su compañera, quien se inca dentro del salón de clases.

La SEP ya atiende el problema y brindará apoyo a las menores y orientación a sus padres. La clave no es atender los problemas de violencia sino prevenirlos, tarea en la que debe participar la sociedad en su conjunto.

Es momento de hacer un alto en el camino y comenzar con una reestructuración del tejido social que permita la convivencia sana y libre de violencia, derecho de todo ser humano.

 jaime.zambrano@milenio.com

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