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Lunes , 24.09.2018 / 23:26 Hoy

Radar

Videovigilancia: corrupción y fraude impune

Jaime Barrera Rodríguez

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Jalisco paga las cámaras 159% más caro que NL (Nuevo León)", rezaba la nota principal de nuestra edición del lunes 26 de septiembre de 2011.

Se trataba de una investigación periodística en la que revelábamos que un sistema similar de videovigilancia costó en el municipio de San Pedro Garza García 277 mil pesos por videocámara mientras que el gobierno de Emilio González Márquez pagó 636 mil pesos por cada una. Por eso, con lo que aquí se adquirieron 654 equipos, allá se compraron 1472. Además de que la red instalada quedó como propiedad del municipio.

Quien operó aquella compra a todas luces irregular fue el entonces secretario de Administración, Ricardo Serrano. Asignó en total sigilo un contrato a la empresa Iusacell y tres meses después hizo pública esa adquisición a través de una filtración a un medio local en que se destacaba las "bondades" del sistema. Ahí argumentó que la asignación directa a Iusacell se hizo porque era la que tenía la mayor capacidad instalada de fibra óptica, cuando en realidad la empezó a poner con los anticipos de los 470 millones que les pagó el gobierno estatal, según consta en las impugnaciones de proveedores locales a los que nunca se invitó a participar. A pesar de ese "financiamiento", el contrato vigente a la fecha obliga al gobierno del estado a pagar más de 16.5 millones más IVA al año por mantenimiento y más de seis mil pesos cada enlace que se haga al mes por esa red desde el 2014. Lo cierto es que la eficiencia de ese equipo nunca quedó acreditada con un incremento en las detenciones e incluso quedó en evidencia en muchas ocasiones que se decía que las imágenes de esas cámaras no eran nítidas para identificar a los delincuentes.

A nadie se castigó en aquel entonces ni hasta el momento. De hecho, esa opaca adjudicación a sobreprecio no figura en ninguna de las 14 denuncias penales presentadas por el ex contralor Juan José Bañuelos Guardado, quien acaba de dejar su lugar a Teresa Brito, cuya obligación es revisar el caso. Más aún cuando el principal ex funcionario involucrado en este episodio, Ricardo Serrano, fue citado a declarar en días pasados a la Fiscalía General.

Esta historia de corrupción impune viene a cuento ahora que el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval anunció que adjudicará de manera directa un contrato de 895 millones de pesos por la instalación de 5 mil 500 cámaras, 3 mil sensores de sonido, botones de alarma y la remodelación de la Base El Palomar, para convertirlo en el Escudo Urbano C5.

El Fiscal General, Eduardo Almaguer, y el ex subsecretario de administración, Salvador González, aseguran que la adjudicación directa fue avalada por todas las cúpulas empresariales y por el Instituto de Transparencia, pero por lo ocurrido en el pasado reciente habrá que vigilar muy bien la implementación de la nueva videovigilancia que se empezará a instalar este año y hasta el 2018.

twitter: @jbarrera4
jaime.barrera@milenio.com

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