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Domingo , 21.10.2018 / 15:06 Hoy

Radar

Vallarta, otra vez

Jaime Barrera Rodríguez

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Al igual que en abril de 2015 cuando en una emboscada en los límites de San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta murieron 15 policías estatales a manos del narco, ayer la privación ilegal de entre 6 y 7 hombres que fueron sacados a la fuerza de uno de los restaurantes más exclusivos del más importante centro turístico de playa en Jalisco, y de los primeros en México, deja en evidencia, nuevamente, el poder corruptor y de fuego de la delincuencia organizada, y su penetración a las distintas estructuras de gobierno.

La versión que dio ayer el Fiscal General, Eduardo Almaguer, de que los que están privados de su libertad son miembros del Cártel de Sinaloa, por las identidades y registros falsos encontradas de ellos y de los lujosos autos en los que llegaron al restaurante, así como por el hecho de que hasta la noche de ayer nadie había denunciado la desaparición de ninguno, en nada quita la gravedad del hecho que un grupo de delincuentes puedan circular fuertemente armados, llegar a un establecimiento y privar de la libertad a un grupo de personas sin que ninguna corporación policial municipal, estatal o federal haya advertido algo. Delincuentes o no, la autoridad tiene la obligación de evitar esos actos de barbarie y vendettas entre narcos que atentan contra la seguridad de la comunidad. Más aún, en un destino turístico, donde este tema es clave para mantener y crecer la llegada de visitantes, así como para evitar las alertas que los ahuyentan, como las que a la menor provocación lanza el gobierno de los Estados Unidos.

El hecho obliga de nuevo a revisar el nivel de coordinación entre las policías municipales, estatales y federales, así como del Ejército y la Marina Armada de México, en la implementación de operativos y el intercambio de información e inteligencia. Más aún por la disputa por esa región, que se podría desatar si se confirma el hecho de que entre los que se llevaron estaría uno de los hijos del detenido líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El Estado mexicano está obligado a sofocar esa eventual guerra entre los cárteles, debilitando su poder.

Hay instrumentos, no utilizados, con los que el gobierno cuenta como la extinción de dominio que pegaría al poder económico del narco. Está también el debate pendiente por una eventual legalización del consumo de la mariguana que propuso el Presidente Enrique Peña luego del fallo de la Corte en ese sentido en noviembre pasado. Ante el evidente fracaso de las políticas antinarco, explorar este camino puede ser un factor que ayude a inhibir la crispación social que provoca la violencia ligada al poder corruptor de las mafias, por las enormes ganancias que les ha dado por años la prohibición y una estrategia fallida para combatirlos. Y porque, de nueva cuenta, eventos como el de ayer, dejan claro que las complicidades, corrupción e impunidad entre las autoridades y los principales líderes del narcotráfico en México, no se ha podido erradicar con el solo uso de la fuerza policial.

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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