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Sábado , 20.10.2018 / 13:04 Hoy

Radar

¿N.S.P.A.?

Jaime Barrera Rodríguez

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Y sí, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio sigue siendo toda una incógnita en Jalisco.

No sólo por todos los retrasos y los tropiezos que ha tenido en su muy tardía implementación, sino también por las dificultades a las que se han enfrentado los responsables de iniciar su aplicación.

Como se recordará, hace casi un año, el 1 de octubre de 2014, en medio de prisas e improvisaciones de última hora, en el nombramiento de jueces, la aprobación de leyes y hasta la construcción de las salas para los juicios orales, inició la gradual puesta en marcha del nuevo modelo de justicia que privilegia la oralidad, la mediación y que acaba con el monopolio del Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas, en los 20 municipios del sexto Distrito Judicial, con base en Zapotlán El Grande.

Luego se continuó con un accidentado arranque en Puerto Vallarta y se tuvo que suspender el calendario inicial en el resto de los distritos judiciales por la falta de infraestructura y recursos humanos. Así, Jalisco está con el tiempo encima para tener todo listo en junio de 2016 cuando por Ley este nuevo sistema Penal Acusatorio y Adversarial deberá entrar en vigor en todo el país.

Sin duda, para que Jalisco se encuentre entre los estados con mayor retraso para cumplir esta obligación, contribuyó la irresponsabilidad de la pasada Administración que encabezó Emilio González Márquez, en la que prácticamente ignoraron el banderazo para inaugurar los trabajos preparativos que se fijaron desde el 2008.

Por ello habrá que hacer un profundo ejercicio de revisión de lo alcanzado, ahora que en un par de semanas se cumple un año de ejercicio de este modelo, que sustituirá el viejo y corrupto sistema penal inquisitivo, para buscar con estos nuevos procedimientos erradicar los vicios que se fueron enquistando por la discrecionalidad y la opacidad con la que los jueces y magistrados decidían la inocencia o culpabilidad de los acusados. Y con el que también se pretende reducir los graves rezagos y altas cargas de trabajo que tiene cada juez y que provocaban que, en promedio, los casos se resolvieran en tres años, mientras que con el nuevo sistema se busca reducir a seis o siete meses y disminuir drásticamente el envío de procesados por delitos menores a las cárceles, para despresurizarlas y abatir el hacinamiento.

La única forma de saber si esta nueva forma de impartir justicia está funcionando es si hay una baja en los índices delincuenciales.

Así que habrá que analizar esas cifras en Ciudad Guzmán, pero sobre todo escuchar a los cuatro jueces que hace casi un año echaron a andar las dos primeras salas de juicios orales en la historia de Jalisco. ¿Qué ha funcionado y qué no y por qué? Su diagnóstico será clave para recuperar algo del tiempo perdido y aprovechar lo mejor posible la cuenta regresiva de los 9 meses para que nazca esta apuesta para renovar un sistema judicial a todas luces fallido. .

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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