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Martes , 14.08.2018 / 15:36 Hoy

Radar

Medio sexenio sin definiciones en seguridad

Jaime Barrera Rodríguez

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Aunque el pasado 18 de diciembre, en la sesión 39 del Consejo Nacional de Seguridad, que reunió al gabinete federal del ramo, a representantes del Poder Legislativo y Judicial, a los gobernadores y sus fiscales y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo un largo autobalance positivo de lo alcanzado con sus políticas de seguridad basado en la baja de índices delictivos en los últimos 11 meses de 2015 en relación al mismo periodo de 2012 (los últimos de su antecesor panista Felipe Calderón), lo cierto es que a más de la mitad de su sexenio no ha logrado establecer una diferencia clara respecto a la estrategia policial que encontró y que tanto se criticó.

De entrada no se han alcanzado los niveles de coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales, en el que tanto hicieron hincapié como la falla del calderonismo, cuando a principios del sexenio intentaron desnarcotizar el discurso presidencial, al que la realidad lo ha obligado a retomar más frecuentemente de lo que se hubiera querido.

Tampoco se ha logrado definir un modelo policial que oriente con claridad para alinear los esfuerzos de los gobiernos subnacionales en el rediseño de sus corporaciones y la última prueba de ello fue todo el zafarrancho verbal que se acaba de vivir en Morelos y que provocó que en el Congreso de la Unión, diputados y senadores se acordaran de las iniciativas que mantenían en la congeladora sobre modelos policiales, la última enviada por el Presidente en noviembre de 2014 y en la que propone la desaparición de las policías municipales.

Lo que tampoco se sabe, bien a bien, es el impacto y la ayuda que ha dado a los policías la inversión de casi 8 mil millones de pesos que presume el gobierno federal ha invertido para recuperar el tejido social y que se supone harían disminuir los eventos delincuenciales por el cálculo que tienen de que ese recurso benefició a 5 millones de mexicanos. Sobre todo porque la apuesta por la prevención, el atacar las causas y no sólo las consecuencias sería otro sello distintivo de la estrategia de seguridad peñista.

Finalmente, otra herramienta que sospechosamente sigue sin utilizarse y que esa sí distinguiría y marcaría diferencia contundente en los resultados en la lucha contra el poder corruptor del narco, que se mantiene intacto, es el uso de la figura de la extinción de dominio de cuya existencia parece no estar enterada la Secretaría de Hacienda y las áreas de la PGR encargadas de rastrear y decomisar el dinero y los millonarios bienes de los capos. De nada servirá encontrar un nuevo modelo policial mientras las mafias sigan amasando extraordinarias fortunas por las políticas prohibicionistas y sus cada vez más diversas y lucrativas actividades delincuenciales.

twitter: @jbarrera4
jaime.barrera@milenio.com

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