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Lunes , 15.10.2018 / 11:15 Hoy

Radar

Laudos "talibanes", el reto municipal inicial

Jaime Barrera Rodríguez

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El hecho de que en sus últimas horas como alcaldes, muchos de los que hoy transfieren sus Administraciones se hayan dedicado a la entrega de finiquitos al personal que habrá de dejar su empleo por el fin del trienio, habla de la gravedad del tema de los laudos, ilegales o no, y cómo tienen en jaque los presupuestos municipales, por años de simulación y corrupción.

Como lo advierte en nuestra edición de hoy el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Héctor Pizano Ramos, muchas Administraciones, pero especialmente las de Guadalajara y Tlaquepaque, que empiezan mañana, enfrentarán fuertes presiones presupuestales por el pago de toda una ola de demandas laborales que se registró en 2010, por el despido de miles de burócratas por la llegada del PRI a municipios donde el PAN había gobernado hasta cinco trienios, como sucedió en el Ayuntamiento tapatío.

Ese escenario hizo florecer como nunca la trama corrupta de los abogados talibanes que nació décadas atrás, por el contubernio de malos funcionarios y los directores jurídicos de Ayuntamientos que medraron por años del erario.

Luego de toda una época de complicidades hacia estos desvíos de millones de pesos de los presupuestos públicos, este lastre que ya se venía advirtiendo por la voracidad de los abogados laborales, terminó de visibilizarse en 2013 por las inéditas denuncias en su contra formuladas por el ex titular de la STPS, y hoy Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer.

Tal vez por ello, entre los acaldes salientes que se ocuparon del tema ayer en su último día de gobierno fueron los de Guadalajara, Ramiro Hernández, y de Zapopan, Héctor Robles.

Habrá que reconocerles el esfuerzo para tratar de que con esos finiquitos dados a mil 720 servidores públicos en Guadalajara, y la reserva de 42 millones para indemnizar hasta a 2 mil en Zapopan, se trate de evitar una nueva cascada de demandas laborales ahora que se da una nueva transición y relevo de partidos políticos en el poder.

Pero también lo que tendrán que hacer las nuevas autoridades municipales es evaluar y señalar claramente si esas indemnizaciones realizadas significaron un verdadero ahorro para los Ayuntamientos y se aplicaron debidamente.

A lo que están obligados también, ahora que todos sabemos del desfalco público que significan las simulaciones e irregularidades en las demandas laborales en la burocracia, es a definir muy claramente, desde mañana mismo, los procedimientos y términos de fin de contrato a los que lleguen al trienio que arranca, como funcionarios a los primeros niveles de gobierno, empleados de confianza, supernumerarios o cualquier otra modalidad.

Acabar con esta industria ilegal es sin duda el reto inicial de los nuevos alcaldes. .

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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