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Miércoles , 17.10.2018 / 18:04 Hoy

Radar

La próspera explotación del presidio

Jaime Barrera Rodríguez

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En mayo de 2010, hace más de 5 años, escribí en este mismo espacio que ya quisieran muchas empresas de Jalisco legalmente establecidas tener las ganancias que alcanzaba el autogobierno en el núcleo penitenciario de Puente Grande.

Hoy lo desearían más, porque la prosperidad ilegal dentro de los penales crece imparable y a ritmos insospechados. Ahí dentro no hay crisis por bajas ventas, todo lo contrario. Hay un mercado inagotable, sin regulación alguna para la venta de productos permitidos y prohibidos, en esas cárceles hacinadas de reos. Sus más de 13 mil internos, que se acomodan como pueden en esas celdas construidas para poco más de 6 mil, son su clientela cautiva, por la que nadie, ni la autoridad carcelaria, les compite.

Hace cinco años que se intentó infructuosamente poner orden y quitar el control al cártel carcelario que lideraba en aquel entonces El Mike Zazueta y sus amigos de El Carro en el Reclusorio Preventivo, y Alejandro Mena Quirarte, en el Cereso, se calculó, muy conservadoramente, en 3 millones mensuales las rentas, libres de polvo y paja, producto de la venta de vicio e intimidación del autogobierno en una sola de las tres cárceles de Puente Grande.

Esa cifra fue producto de las operaciones hechas a partir del sistema de cuotas con el que se toparon militares y policías estatales, que irrumpieron hace un lustro al Reclusorio Preventivo.

Lo que no se sabía en aquel momento es lo que revelamos en nuestra edición de hoy y que había quedado fuera de la contabilidad de las ganancias del “autogobierno delincuencial”. Según información oficial compartida por el gobierno estatal con el gobierno federal, en las cárceles jaliscienses operan 47 tiendas, 33 de las cuales están administradas por el grupo de presos que domina estos centros de reclusión.

Según ese mismo expediente, la suma de las facturas de los abarroteros que venden a la administración carcelaria las mercancías asciende a 4 millones 700 mil pesos mensualmente. La comercialización de esos productos queda, en su mayoría, en manos del autogobierno.

Así que si añadimos la utilidad por la venta de estos productos permitidos a precios muy, pero muy arriba que los del mercado, y los sumamos a sus rentas por el cobro de piso y tráfico de sustancias ilícitas y privilegios, en una población carcelaria creciente, aquel ingreso de 3 millones de pesos mensuales ha crecido como la impunidad en esa prisión.

La pregunta ahora es qué hará el gobierno estatal y federal para recuperar, de entrada, esas tiendas que por ningún motivo deben estar en manos de las mafias carcelarias y de sus cómplices, ya que están convertidas en una clara fuente de abundantes recursos que van directos al poder corruptor que dobla a policías y autoridades.

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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