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Lunes , 18.06.2018 / 06:52 Hoy

Radar

Jueces vs depuración policial

Jaime Barrera Rodríguez

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A todas las dificultades y resistencias que se han tenido que sortear para la aplicación y aceptación de los exámenes de control y confianza, y la inversión multimillonaria que eso ha significado, en busca de la tan anhelada depuración policial, se sumó un obstáculo más: el Poder Judicial Federal.

Resulta que en los últimos meses los elementos de las diversas corporaciones policiales que han reprobado los exámenes en la primera y segunda oportunidad, y que por ley deberían ya estar dados de baja, siguen armados y patrullando las calles de la ciudad por orden de un juez federal. Con todo el riesgo que ello implica.

En una serie de entrevistas que hizo mi compañero Miguel Puértolas a los jefes policiales y comisarios del Área Metropolitana de Guadalajara, la semana pasada en MILENIO RADIO, todos lamentaron esta tendencia que se está registrando en los juzgados federales. En conjunto, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá tienen a 304 policías no acreditados, pero que deben mantener por estar protegidos por un recurso de amparo.

Esta protección de la justicia federal a estos elementos que no aprobaron los exámenes de control y confianza, obliga a los ayuntamientos a mantenerlos en servicio con las mismas prestaciones que los que sí aprobaron, en tanto se les vuelve a evaluar, aún cuando ya tuvieron las dos oportunidades previstas en la ley. Ni siquiera se les permite a sus jefes policiales desarmarlos y sacarlos del patrullaje para ubicarlos en áreas administrativas, como muchos lo hicieron cuando no acreditaron los primeros exámenes. Situación que también ha impedido que ingresen nuevos elementos, lo que retarda la mejora y fortalecimiento de las corporaciones.

Desde el inicio de la aplicación de estos exámenes en 2010, en muchas entidades y municipios se tuvo que posponer por las resistencias encontradas. Muchas iniciaron hasta enero de 2013 y el primer plazo que se dio para expulsar a los no acreditados fue octubre de ese mismo año. Por múltiples peticiones de alcaldes que no alcanzaron a examinar a sus elementos el plazo se amplió al 1 de noviembre del 2014, cuando por ley debieron sacar de las corporaciones policiales de todo el país a todos aquellos elementos que no tuvieron suficiencia en sus calificaciones. Ahora tienen un pretexto más.

A los reclamos y voces de algunos sectores de la sociedad civil que reclaman el patrullaje militar en las calles de muchas ciudades del país y exigen el regreso de los soldados a los cuarteles, el propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha respondido que esa situación no será posible, mientras no se avance en el proceso de reconstrucción de los cuerpos policiales locales en el país.

Por ello, al seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, deben analizar con urgencia lo que está ocurriendo en el Poder Judicial Federal y que puede poner en jaque el proceso de depuración policial que con tanta inversión de recursos públicos y esfuerzo se está tratando de implementar desde el sexenio pasado. Y cuyo aporte sigue sin repercutir en una mejora de las policías ni de los niveles de seguridad pública.

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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