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Miércoles , 20.06.2018 / 18:59 Hoy

Radar

Empresas universitarias en la mira

Jaime Barrera Rodríguez

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Ocupados y preocupados andan desde el viernes pasado en la Universidad de Guadalajara para afinar los términos en los que pedirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una revisión de la sanción que les impuso y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. El rector general Tonatiuh Bravo y su equipo consideran excesiva la multa por 373 mil pesos y la inhabilitación por un año que cancela a la UdeG la posibilidad de hacer cualquier tipo de contrato con el gobierno federal por las irregularidades cometidas por la constructora universitaria Uniterra, en la edificación de una clínica del IMSS en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Lo cierto es que en el interior mismo de la universidad pública de Jalisco tienen claro que es muy poco probable que sea reversible esta sanción que les impuso la SFP, la primera en su tipo que aplica el gobierno federal a una universidad pública en México. Por esta razón, y por las afectaciones que esta infracción causará en muchas otras áreas de la UdeG, está también ya en la mesa la posibilidad de desaparecer Uniterra, constructora que es parte de las empresas universitarias cuyo corporativo preside el ex rector Raúl Padilla López, jefe político del grupo que ha controlado la Universidad hace casi tres décadas. Con domicilio en la calle Nebulosa 2802, en la Colonia Arboledas, la UdeG define en su página de internet a Uniterra como “la empresa responsable de proponer, desarrollar, gestionar y ejecutar proyectos institucionales que aseguren el uso óptimo de los inmuebles propiedad de la Universidad de Guadalajara. Tiene como objetivo ser una fuente alternativa de financiamiento para las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara y los proyectos estratégicos del Corporativo de Empresas Universitarias, así como contribuir en la conformación de un mercado inmobiliario transparente, profesional, eficiente y competitivo. Uniterra también posee la capacidad de llevar a cabo proyectos con dependencias públicas de los tres niveles de Gobierno con base en la Ley de Obra Pública que permite que se desarrollen dichos proyectos entre entidades públicas. Actualmente Uniterra ofrece a los trabajadores académicos y administrativos una excelente opción de vivienda en el desarrollo habitacional ‘Los Frutos’ ubicado en Huentitán”. Independiente del futuro de Uniterra, es claro que esta sanción de la SFP vuelve a poner en evidencia la poca transparencia con la que operan las empresas universitarias, 16 más como Uniterra, entre las que está el Auditorio Telmex, La Feria Internacional del Libro, escuelas de inglés, gasolineras, hoteles, empresas de software, un club con equipo de futbol profesional, estacionamientos, entre otros. Es, pues, momento de una mayor rendición de cuentas de la operación de estas empresas, costos y ganancias, para ver si realmente son, “fuentes alternativas de financiamiento para las funciones sustantivas (educación, investigación científica y extensión de la cultura)” de la UdeG, o más bien su lastre y negocios de unos cuantos.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4

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