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Domingo , 23.09.2018 / 21:02 Hoy

¡Ah, Chihuahua!

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De desvíos de recursos públicos para financiar campañas electorales o para enriquecer cuentas bancarias personales hemos sabido y se han denunciado desde hace años en distintas entidades del País, incluido Jalisco.

Hace 20 años, luego de que el PRI perdió por primera vez la gubernatura de Jalisco, el primer gobierno panista que encabezó Alberto Cárdenas encontró documentación que acreditaba el desvío de recursos del DIF Jalisco al PRI. En aquel modelo de corrupción ni siquiera se tomaron la molestia de inventar empresas fantasmas para triangular los recursos como ahora se estila. La transferencia se hizo directa y ese delito electoral quedó impune por el férreo control que los priistas mantenían en el Poder Judicial. Poco a poco y de forma muy incipiente la alternancia política ha minado el carácter intocable y el manto de impunidad que tenían los gobernadores. Hoy hay detenidos y otros con órdenes de aprehensión prácticamente de todos los colores, aunque, sin duda, las complicidades y corruptelas continúan en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso es relevante la investigación que realiza la Fiscalía de Chihuahua por el desvío de más de 250 millones de pesos enviados por la Secretaría de Hacienda, supuestamente para actividades e inversiones para el sector educativo, y que vía empresas fantasmas, terminaron en las arcas del PRI para las elecciones del 2016. Este caso que implica al ex gobernador prófugo, César Duarte, empezó a llamar la atención tras la detención, en diciembre pasado, de Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto del PRI en tiempos de la dirigencia del poderoso Manlio Fabio Beltrones, quien desde ayer está ya amparado contra cualquier orden de aprehensión por este desvío y para poder tener acceso al expediente y saber si está mencionado o si se le acusa de algo. Antes ya habían sido encarcelados por este asunto 13 ex funcionarios que aseguran que de estas triangulaciones estaban enterados también en la Secretaría de Hacienda, que dirigía en ese entonces el hoy canciller Luis Videgaray. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, colocó este tema en el debate nacional este lunes al denunciar que por esta investigación, y por “romper el pacto de impunidad”, la Secretaría de Hacienda le había suspendido la entrega de 700 millones de pesos. Cosa que ya negó el Presidente Peña, el titular de la SHCP, y hasta el candidato priista Meade, quien lo acusó de torturar a los detenidos para que involucren a más priistas con fines electorales. El revire del gobernador fue anunciar que presentará una Controversia Constitucional ante la Corte.

Más allá que el caso obliga la intervención de la PGR, de la Fepade y el propio INE, el desvío acreditado por la Fiscalía de Chihuahua vuelve a demostrar la necesidad de revisar las facultades discrecionales que tiene Hacienda para enviar o no recursos extraordinarios a las entidades. Si está demostrado que estos fondos se distribuyen de manera facciosa, para premiar o castigar, es claro que la lucha contra la corrupción pasa también por suprimir esa vía. Que todo recurso adicional a los Estados deba pasar también por la aprobación del Poder Legislativo, para que historias como la de Jalisco y la de Chihuahua, y muchas otras más, ya no se repitan.

jaime.barrera@milenio.com

twitter: @jbarrera4

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