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Martes , 13.11.2018 / 19:31 Hoy

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Adiós al fuero ¿Y al blindaje de impunidad?

Jaime Barrera Rodríguez

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Los diputados y diputadas locales integrantes de la LXI Legislatura completaron ayer la buena noticia al votar en el pleno desaparecer el fuero constitucional, esta especie de escudo que hacía intocables a los altos mandos de la clase política y gubernamental.

Si bien la inviolabilidad del fuero y la inmunidad que le daba a funcionarios y políticos, garantizó en su momento la libertad de expresión y el avance democrático en México, en la actualidad era más una canonjía que se expresaba en prepotencia hacia los ciudadanos e impunidad en casos de corrupción.

Esta figura anacrónica y obsoleta, que en la Constitución Mexicana permanecerá en el Artículo 61 y 111 (porque la iniciativa del tema aprobada en la Cámara de Diputados sigue congelada en el Senado desde el 2013) contraviene incluso el Artículo 4 que establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En ese sentido, en Jalisco se da un paso para dar igualdad al terminar con este privilegio que dividía a ciudadanos de primera y de segunda, ya que sin el fuero, deberán responder por igual ante la ley en caso de delinquir.

Con lo que no termina la derogación del fuero en Jalisco es con la impunidad de muchos funcionarios y ex funcionarios que hicieron malos manejos del erario, sin que nadie los haya llamado a rendir cuentas.

Por eso, ahora que se echó fuera al fuero la pregunta es cuándo se hará lo mismo con el blindaje a la impunidad del que goza la clase política y gubernamental local, desde hace al menos una década. Con o sin fuero, las pocas acusaciones contra servidores públicos por actos de corrupción que llegan al Ministerio Público no avanzan. Prueba de ello es lo que ha sucedido con las 14 denuncias que presentó la Contraloría del Estado contra funcionarios de la pasada Administración.

Por ello, plantear esta incógnita es más que oportuno ahora que hasta desde el Poder Ejecutivo Federal se promueven controversias constitucionales contra los gobiernos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, porque las Administraciones salientes encabezadas por los priistas Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte querían nombrar auditor y fiscal anticorrupción justo luego de perder las elecciones el pasado 5 de junio.

Si el propósito de la actual Legislatura es de verdad terminar con la inercia de impunidad y corrupción que reina en Jalisco desde que hace más de diez años se cooptó a la Auditoría Superior del Estado y la fiscalización de los recursos públicos entró en una profunda crisis de credibilidad, les debe quedar claro que quitar el fuero no es suficiente.

Lo que sigue es trabajar para desmontar este blindaje a la impunidad que ahora se quiere evitar en otros estados de la República, pero que aquí opera desde al menos cinco Legislaturas, incluyendo la actual. Un primer paso es empezar ya a diseñar la convocatoria para elegir al nuevo titular de la ASEJ y a la vez diseñar un nuevo modelo de revisión del gasto público que ponga fin a la fiscalización simulada que padecemos, y que tanta corrupción ha generado.

twitter: @jbarrera4
jaime.barrera@milenio.com

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