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Golpe bajo

Las falsedades de la CFE sobre el Gasoducto

Iván Tirzo Santos

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El 2 de mayo de 2014 estuvo en Puebla el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa, para presentar a autoridades, diputados federales y senadores el “Proyecto Morelos”, relacionado con la construcción del Gasoducto que pasará por tres estados.

En su participación aseguró que el Gasoducto no representa un riesgo en su construcción y operación para los habitantes de los 15 municipios por donde pasará.

Sin embargo, a una solicitud de información que hizo este reportero a la CFE para pedir copia del proyecto, la paraestatal respondió con una negativa por considerarla confidencial.

Uno de los argumentos es que el proyecto representa algunos peligros para le región y que su difusión puede comprometer la seguridad nacional.

La CFE dijo que el expediente contiene información sobre: coordenadas geográficas de la línea de conducción, ruta o trayectoria; planos topográficos; municipios, comunidades o ejidos por donde pasará; profundidad a la que se ubica la tubería; mapas de peligro de la región; acciones para minimizar los peligros; estudio ambiental y estudios de Cenapred.

Además del avalúo de los bienes afectados; servidumbres de paso y derechos de vía; monto que se paga por metro cuadrado; planos topográficos de los inmuebles; contratos públicos y privados sobre derechos de paso; pagos realizados para la constitución de paso; manifestaciones de impacto ambiental; contrato adjudicado y cumplimiento de normas oficiales.

Pero la paraestatal dice que esa información se mantendrá como reservada por 12 años, es decir, hasta el 2026 se sabrán los riesgos.

“El proporcionar la información relacionada con los derechos de vía que se requieren para hacer posible la construcción del Gasoducto, ha puesto en peligro la seguridad y la vida de las personas que llevan a cabo las negociaciones, como consta en las actas y denuncias interpuestas por los afectados”.

“La información relativa al Gasoducto entorpece las negociaciones sociales y económicas que CFE realiza con los propietarios de las tierras cuyos derechos de vía están pendientes de liberar, así como con los propios grupos sociales que se oponen a la construcción del gasoducto, lo que afecta las decisiones y puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos encargados de determinar la estrategia para concluir la determinación de la trayectoria faltante, la cual depende, precisamente, del resultado de cada negociación realizada”.

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