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Martes , 25.09.2018 / 03:21 Hoy

Peor para la verdad

2017-09-08

Humberto Zurita Eraña

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La mejor inversión que puede realizar un gobierno es la educación de las nuevas generaciones. Su formación académica asegura el desarrollo social, económico y político de cualquier país, por eso resulta sorprendente que el presidente de los Estados Unidos haya anunciado el fin del programa migratorio DACA, mismo que consiste en la protección de deportación de 800 mil jóvenes indocumentados.

Los miles de jóvenes indocumentados que ahora están en riesgo de ser deportados, son aquellos que llegaron a los Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años, haber vivido de manera continua en ese país desde el 2007 o antes, contar con diploma de bachillerato, diploma GED/TASC o estar estudiando alguno de estos y no tener antecedentes criminales, con lo que obtenían un permiso de trabajo renovable cada dos años.

El espíritu de la orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama es la incorporación de una generación de jóvenes que cuentan o están cursando sus estudios a la economía formal de los Estados Unidos, para aprovechar sus conocimientos, sus deseos de desarrollo y su fuerza laboral.

Si bien el proceso legal de la determinación anunciada por el gobierno de los Estados Unidos deberá seguir en el Congreso, en donde ahora se está dando el debate de la posibilidad de convertir este programa en ley, la indefensión en que se encuentran estos miles de jóvenes es preocupante, porque a pesar de ser ilegales, al formar parte del DACA el gobierno tiene todos sus datos, por lo que su deportación podría ser una tragedia de dimensiones inimaginables, estamos hablando de familias separadas, de hijos que se quedarían en los EU mientras alguno de sus padres es deportado.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas se mantiene atenta ante la eventual llegada de “dreamers” a nuestro estado. En el caso de aquellos que estaban cursando sus estudios, se les apoyaría para que se reincorporen en las instituciones académicas que ellos consideren, con la revalidación correspondiente de sus estudios de acuerdo con el marco legal con que ahora se faculta a la autoridad educativa para hacerlo. Y en el caso de aquellos que ya cuentan con estudios, orientándolos para que puedan acudir a la convocatoria de la SEP para dar clases de inglés.

Mientras tanto, las movilizaciones que tanto los “dreamers” como las organizaciones protectoras de migrantes están realizando en los Estados Unidos, continuarán con la intención de anular este anuncio.

De igual manera, 15 estados y el Distrito de Columbia han presentado una demanda contra el gobierno federal por esta decisión, que una vez más pone a la población migrante en el centro de la discusión, vulnerándola y estigmatizándola, desdeñando por completo la importancia que representa por la aportación que con su trabajo realiza al país al cual llegaron buscando una vida mejor, no una persecución. ¿No cree usted?

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