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Martes , 20.11.2018 / 20:53 Hoy

Crónicas urbanas

Sufre tragedia y escribe una tesis

Humberto Ríos Navarrete

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Parece una misión imposible, pero Deborah y María de Lourdes, hija y madre, tienen confianza en que aparezca David, hijo y hermano, quien desapareció junto con otro amigo hace 6 años y medio, cuando se dirigían a Zihuatanejo. Las mujeres han enfrentado trabas y opacidades.

La más reciente acción fue visitar la casa de campaña del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien comisionó a un colaborador para que conociera el caso. Similares irrupciones han hecho ante funcionarios y políticos a partir de que surgió el problema.

Después de ocurrir la tragedia, aseguran madre e hija, autoridades de diversas dependencias, desde la Procuraduría General de la República e incluso la Policía Federal, “han hecho mal su trabajo”, pues “no ejecutan las órdenes de aprehensión ni la localización de David y Miguel”. 


Madre e hija ganaron un amparo que les permite conocer las indagatorias, pues la información oficial ha sido exigua e ineficiente. En un principio nada más recibieron datos de 2012, pero el mandato judicial obligó a las autoridades a entregar un disco compacto.

En el disco hallaron fotos y videos de mujeres víctimas de violación y privación de la libertad; también aparecen, “claramente”, asegura Deborah Ramírez, números de placas de autos, rostros de los integrantes de la organización criminal y la zona donde fueron secuestrados.

Otro indicio son las voces de los delincuentes que negociaron a través del teléfono el rescate y uno de ellos prometió liberar a los jóvenes, desaparecidos en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, hasta donde fue un pariente de la familia a entregar el dinero.

Es parte de la obstinación de dos mujeres, Deborah Ramírez y María de Lourdes González, hija y madre, por agotar todas las posibilidades.

Hace tres semanas, informan, se reunieron con Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Él se comprometió a dar su pronunciamiento sobre el caso en menos de dos meses”, dice Deborah, quien tenía 17 años cuando desapareció su hermano David y el amigo de éste, Miguel, y desde entonces se propuso escribir una tesis sobre el tema de atención a víctimas.

Terminó la investigación y concluyó la carrera de Licenciatura en Arquitectura en la Universidad La Salle.

“Siempre quise realizar un proyecto donde pudiera ayudar a la sociedad de alguna manera”, comenta.

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La tesis de Deborah Ramírez, titulada Torre AV, está dedicada, entre otras personas, a su madre María de Lourdes González Silva, “quien me hizo ver desde el 5 de enero de 2012 que nunca podemos perder la fe: sufrimos el secuestro/desaparición de mi hermano, y mi mamá se ha encargado de no rendirse ante ninguna circunstancia y tratar de apoyar a otras víctimas, lo cual me motivó a realizar este proyecto”.

—¿Qué buscas con la tesis?

—Debido al secuestro de mi hermano —contesta— decidí realizar la Torre AV, donde busco ejecutar la ley en arquitectura y articular instancias públicas y privadas, como fundaciones y programas de ayuda a víctimas en distintos delitos, para que así llegue la ayuda a las víctimas y disminuir la corrupción y robo de fondos en estas instituciones.

En la tesis cuestiona a dependencias dedicadas a resolver problemas relacionados con el crimen y las víctimas.

Una de las instituciones es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que madre e hija no han dejado de criticar, pues aseguran que, no obstante el abultado presupuesto que recibe, es ineficiente.

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El objetivo de construir la Torre AV/ Institución Público Privada de Atención a Víctimas, es para coadyuvar con los programas sobre mismo el tema.

La delincuencia en México ha crecido “alarmantemente”, dice la autora, quien exploró cifras de distintos delitos y entrevistó a víctimas indirectas y de esa forma conoció “la problemática por la cual no está funcionando el sistema de atención a víctimas”.

El análisis también incluye severas críticas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y a organizaciones civiles.

La CEAV, por ejemplo, “solamente otorga ayuda a víctimas del fuero federal, mientras que las cifras se multiplican en el fuero común; por este motivo, se propone involucrar a víctimas de cualquier delito y otorgar ayuda digna”.

Todo es producto de ese ir y venir durante seis años y medio de estas dos mujeres, que no solo han conocido instituciones oficiales y privadas, sino familiares de víctimas que enfrentan el burocratismo, como ha sucedido con ellas, que nada las detiene a seguir en la búsqueda de los muchachos, ya sea vivos o muertos, “pero que nos digan en dónde”.

“La problemática más preocupante es la corrupción y por este motivo la ayuda no llega a las víctimas”, concluye Deborah.

Diseñó el proyecto con leyes en arquitectura y de víctimas, para que surgiera una estructura ideal: alojamiento y alimentos, ya que de esa forma pueden realizar a tiempo las diligencias, mientras que los funcionarios ya no tendrán acceso al presupuesto destinado a los usuarios.

De la misma forma, añade, “se ejecutó atención digna, con libre acceso e involucrando a las víctimas en todas las áreas, con una tipología de oficinas informales, un gran atrio principal y dos grandes escaleras laterales que conecten a los primeros cinco niveles del edificio, lo que permitirá un vínculo directo entre distintos programas de ayuda”.

El objetivo es evitar “el desvío de fondos y que las víctimas reciban el apoyo como corresponde, ya que es un trámite largo, difícil, burocrático y tedioso”.

La autora estudió distintos tipos de delitos y entrevistó a víctimas indirectas para conocer “las problemáticas” de cada una “y dimensionar el proyecto”. Analizó varios casos para conocer dónde radica el problema y “así saber cuál es el intento de solución y cómo la sociedad reacciona al respecto”.

El primer caso de estudio fue la Seido, que se encarga de recibir las denuncias y dar un seguimiento, pero la realidad es que “esta institución no está dando resultados”, mientras que la CEAV, “lamentablemente, no otorga los beneficios debido a diferentes problemáticas: desde la corrupción hasta la arquitectura”.

De los dos casos, añade, salió el tercero, “que es el intento de solución por parte de la sociedad: algunas víctimas de delito se ven en la necesidad de abrir fundaciones o programas de ayuda para intentar mejorar el sistema que no funciona; pero debido a que no cuentan ni con el espacio ni el fondo para una atención digna, tampoco funcionan dignamente”.

La idea es compactar instituciones públicas y privadas, para lo cual “se analizaron ejemplos análogos internacionales (...).

“La edificación está formada por tres volúmenes de 25 niveles de altura, dos de ellos con el uso de oficinas y el tercero de alojamiento. Gracias a este análisis pude encontrar la solución arquitectónica para que las víctimas formen parte del proceso y lograr el objetivo principal”. 

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