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Lunes , 28.05.2018 / 03:56 Hoy

El país de las maravillas

Tanarah: Ugo tiene la razón

Horacio Salazar

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Siempre que salen a bailar los intereses millonarios, sale a relucir también el cobre por todos lados. El caso de la torre Tanarah está llegando ya a niveles críticos, y podría llevar al rompimiento de relaciones entre distintos niveles de gobierno.

Mire la secuencia de cosas: dijo el subprocurador Javier Flores Saldívar que los propietarios de la torre, arguyendo que Protección Civil de San Pedro hizo mal un peritaje, denunciaron daños a su propiedad de modo que a la Procuraduría estatal no le quedó otra que asegurar la torre. ¿Para qué? Para hacerle pruebas periciales a la estructura y a la cimentación del mismo inmueble.

Así nada más de botepronto pregunto: ¿Quién hará las pruebas? Porque los dueños de Tanarah, así como cuestionaron a Protección Civil de San Pedro, pueden cuestionar a Protección Civil del estado, a la federal, a la que se les hinche, que para eso tienen dinero. Y para cada peritaje, si a esas vamos, siempre se puede crear un contraperitaje.

Pero todo esto sale sobrando, y aquí sí anda medio fuera de la olla hasta el alcalde sampetrino Ugo Ruiz, que respondió al acto estatal con un pilatesco lavado de manos: ustedes serán culpables si algo pasa.

Señor alcalde, señores implicados: recordarán que eso de los daños estructurales lo sacaron los mismos defensores de Tanarah para tratar de impedir que a la torre le mochen la punta, lo cual viene más o menos a decir que el diseño es tal que si se le quita algo, hay riesgo estructural.

Eso que lo respondan los peritos que sean, pero yo sostengo otra cosa: más allá de que la torre pueda lastimarse con la demolición de unos pisos, hay una sola pregunta de la que pende todo: ¿para qué altura de edificio obtuvieron el permiso los constructores de la torre? Si les autorizaron 50 metros y construyeron 73, se quisieron pasar de listos, se pasaron de altura y lo que hicieron está mal.

¿Hay riesgo si se mocha la torre para que quede en 50 metros? Porque es para lo que sacaron permiso. Si hay riesgo, y pasa algo con la recortada, la culpa es de ellos, no del alcalde ni del Gobierno del Estado. El peritaje entonces deberá decir: hay riesgo, constructor, así que no la moches; túmbala toda y vuélvela a construir en 50 metros. Por tu cuenta.

¿Daño en propiedad ajena? Les voy a decir dónde está el daño. El daño está en hacer vulnerables a las instituciones. El constructor cree que puede pedir permiso para 50 metros y construir 23 de más, al cabo que luego paga una multa y sanseacabó. Y se resiste a la autoridad, porque la demolición no la hace Juan Pérez: es un acto de autoridad municipal que deberán probar a plena satisfacción de todos, so pena de que se sepa que el municipio se pone retobón, pero el Estado baila al son que le pongan.

Ahora, si todo es tan bonito y tan legal, ¿por qué se hacen de delito? ¿Qué fregados tiene que hacer la autoridad estatal llegando a asegurar el edificio a la una de la mañana y sin avisar al municipio en cuya jurisdicción se encuentra? Aquí es donde tiene razón Ugo. Y más si, como dijo, ya tribunales federales le dieron la razón al municipio. ¡En la torre!

horacio.salazar@milenio.com

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