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Domingo , 27.05.2018 / 05:41 Hoy

Ante el espejo

Estado y derechos humanos

Hernán Mejía López

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Mantener los equilibrios y las bases fundamentales del Estado constitucional democrático de derecho devienen tareas insostenibles si en ellas no se aquilata la vigilancia de los derechos humanos y el papel sustancial del Estado, así como de sus instituciones defensoras (ombudsman) que son garantías de protección efectiva, más aún en momentos definitorios como el que se vislumbra con la designación o reelección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En este proceso conviene recordar los "Principios de París" adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales mandatan cuatro premisas en la configuración de las instituciones nacionales de derechos humanos: el monitoreo permanente de toda situación vulneratoria, la cooperación con los poderes del Estado e instancias competentes en toda acción destinada a prevenir y subsanar esas situaciones; la relación permanente con organizaciones de la sociedad civil, además del deber de informar y educar en la materia.

Para la segunda de las premisas mencionadas, el Estado se localiza en un eje de poder político soberano que dispone del monopolio de la fuerza para la aplicación coactiva del derecho, como lo afirmó John Locke señalando que el hombre renuncia a su libertad absoluta a cambio de la seguridad que resulta de la vida organizada en sociedad, o la tesis de Thomas Hobbes quien aseveró que la igualdad social procede de la inseguridad individual.

La participación de todas las instancias y autoridades en el sistema de protección de los derechos humanos es impostergable. En lo que se refiere al marco jurídico, nuestro país ha dado algunos pasos con la expedición de la Ley General de Víctimas que introduce el derecho a recibir ayuda, asistencia y atención para ellas y sus familiares, además de regular el derecho a la satisfacción y la reparación integral, de suma relevancia en casos de desapariciones. Por otra parte, se publicó también el Código Nacional de Procedimientos Penales, que norma el proceso penal acusatorio y oral para los delitos del fuero federal y común.

Pero los avances son truncados en muchas ocasiones y ello nos ha llevado a estadios de reflexión. En septiembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales tienen el mismo peso que los consagrados en la Constitución, salvo en casos en que esta última los limite o restrinja. Con ello se debilitó el principio pro homine y consecuentemente el control difuso de la convencionalidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como una obligación de los jueces para velar porque los efectos de la Convención Americana no se vieran mermados ante la aplicación de normas domésticas contrarias a su objeto y fin.

Si la justificación primaria del Estado fue ofrecer un ámbito de seguridad a sus integrantes, ahora se le demanda legitimar la presencia del poder político con la misión de garantizar libertades individuales y sobre todo derechos humanos, ampliando niveles de transparencia en las decisiones y concretando la exigibilidad en la defensa de los derechos: ante los responsables directos de la afectación y ante la autoridad que debe adoptar las medidas para prevenir y castigar la comisión de actos antijurídicos.

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