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Miércoles , 17.10.2018 / 16:31 Hoy

Auditoría Ciudadana

¿Licitaciones públicas?

Héctor A. Romero Fierro

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Mucha tinta se utilizó por parte de muchos que no entendían, o ni siquiera leyeron, la Reforma Nacional Anticorrupción, la cual inició con una iniciativa de una ley y gracias a casi todos los actores políticos, terminó en todo un sistema legal que incluye una reforma constitucional.

Todo ese sistema, no cortó de raíz con dos leyes que permiten y contribuyen en alto grado a la opacidad y corrupción en los tres niveles de gobierno. Me refiero a las leyes que regulan las compras del gobierno y la asignación de obras públicas, pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que ninguno de todos esos que se dicen expertos en transparencia y que casi se suicidan por los cambios que realizó el Senado a su #Ley3de3, ha propuesto modificaciones reales y de fondo a las leyes que me permito señalar.

Casi todos los ciudadanos pensarían que siempre que el gobierno federal, estatal o municipal adquieren insumos o servicios o asignan obras públicas a particulares lo hacen mediante procedimientos que se realizan en un ambiente de total transparencia, para que aquellos que ofrecen los bienes o servicios de mejor calidad y al mejor precio le sean adjudicados los pedidos respectivos, todo esto en un procedimiento de licitación pública; sin embargo, en muchas ocasiones no es así, ya que, los funcionarios encargados de estos procedimientos, al no estar debidamente regulado, pulverizan los montos de las adquisiciones para, indebidamente, asignar directamente la compra u obra pública. En otros casos, cuando lo anterior no es posible simplemente simulan un Concurso por invitación cerrada, donde se invitan a tres amigos, y de antemano ya se conoce quién va a ser el beneficiario de aquel procedimiento.

Estos actos de corrupción no son privativos de un determinado partido político, en la mayoría de ocasiones son simples corruptos sin distinguir ideología. Pero es importante considerar que del otro lado de la moneda están los empresarios, que con la intención de quedarse con el pedido, contrato de servicio u obra pública, están dispuestos a corromper.

También algunos políticos en el poder dan la instrucción directa a sus subalternos con el propósito de favorecer a determinada empresa o persona, principalmente para agradecer su "desinteresado" apoyo en campaña.

Este tipo de actividades atentan contra la libre competencia y fomentan la conformación carteles monopólicos. Dichas prácticas independientemente de las sanciones administrativas que pudieran conllevar, alcanzan en ocasiones conductas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica y el Código Penal Federal, pues empresarios, utilizando argucias de delincuencia organizada, se ponen de acuerdo para forzar los resultados de los Concursos en determinado sentido; y resulta que mientras uno gana un concurso, en otro pierde, y así sucesivamente, controlando con esta ilegal asociación los precios ofertados al gobierno en turno y así, se evita la responsabilidad de los funcionarios encargados de las adquisiciones.

Por todo ello, como sociedad, debemos exhortar a nuestros legisladores, tanto federales como estatales, a lo largo del país, por la reducción de las indebidas facultades discrecionales de que gozan las autoridades para evitar las licitaciones públicas. Este reclamo es una de las patas que le faltó al Sistema Nacional Anticorrupción.

Todas estas reformas deben venir precedidas de una gran campaña educativa, es falso que los mexicanos tengamos la corrupción en el ADN, lo que tenemos en una gran falta de educación al respecto y principalmente, una impunidad total, que invita al resto de los participantes a violar la ley en todas las materias sin excepción, al final de cuentas nunca acaba nadie en la cárcel.

Increíble que un funcionario público que toma dinero salga libre bajo fianza por ser, el peculado, un delito leve, y un empresario que evade impuestos, es considerado delito grave y luego, entonces, no puede gozar de una libertad bajo caución.

En estudios que hemos llevado a cabo en la Maestría de Impuestos de la UdeG encontramos que los empresarios utilizan como excusa para no pagar sus Contribuciones, que no lo hacen por "luego se lo roban, entonces, mejor no pago".

También en los programas sociales, es indispensable una mayor observancia y escrutinio de los órganos de rendición de cuentas.

Ya basta de tanta opacidad, como hemos dicho con anterioridad en esta columna, el verdadero ejercicio público es el que se hace en público.

hromero@correduria58.com

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