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Sábado , 26.05.2018 / 17:04 Hoy

Auditoría Ciudadana

Código Urbano

Héctor A. Romero Fierro

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Uno de los grandes errores de nuestro Estado fue la reforma de última hora realizada al Código Urbano que solo ha provocado un incremento ilógico en el precio de los inmuebles en la zona metropolitana, obligando a varios desarrolladores a emigrar mejor a otras entidades federativas.

Guadalajara es una de las tantas ciudades cuyo crecimiento lógico debía ser vertical, sin embargo, tanta regulación urbana, las nuevas políticas de otorgamiento de licencias impuestas por los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano y la excesiva fuerza permitida a supuestas organizaciones de vecinos, que en su gran mayoría resultan ser "opositodo", aunado al incremento de los principales insumos de la construcción, provocan que Guadalajara se esté convirtiendo en una de las ciudades más caras de la república en materia inmobiliaria.

Hace ya algunos meses se nombró a José Trinidad Padilla López como Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, lo cual nos agradó a muchos, ya que además de ser una persona sumamente capaz, conoce a fondo la política del Estado y la vida municipal, lo cual permitía presumir que de inmediato ese organismo enmendaría los errores del citado Código Urbano, sin que hasta la fecha esto ocurra.

Solo como ejemplo, en zonas habitacionales las cesiones para equipamiento, ahora pueden alcanzar hasta el 24 por ciento de la superficie bruta, cuando antes solo era del 16 por ciento; tampoco se toman en cuenta para áreas de cesión las vialidades establecidas de antemano en los planes parciales, asimismo las áreas verdes no podrán ser objeto de permutas parciales, obligaciones que repercuten directamente en el costo del desarrollo y que terminan impactando al consumidor final.

Por otro lado, los municipios quieren, bajo la excusa de la honradez y el orden, limitar las licencias de construcción, imponiendo ahora requisitos insalvables para muchos desarrolladores. Lo que deberían hacer es realizar estudios de impacto ambiental y vehicular, y en los casos de desarrollos irregulares ejercer juicios de lesividad, que mucho han anunciado, pero ¿dónde quedaron?

Por último, algunas organizaciones de supuestos colonos ya aprendieron la lección, se oponen con cualquier motivo a la obra, el desarrollador los $convence$ y dan de inmediato su anuencia, aunque no se corrijan las supuestas deficiencias que en principio observaban.

Los municipios de la zona metropolitana abusan de la creación de las organizaciones de colonos. Analicemos el artículo 115 Constitucional y las facultades y obligaciones de cualquier ayuntamiento para convencerse que ningún particular debe suplir la prestación de servicios municipales y menos a cambio de pagos sin fundamento.

Se inició con las Juntas de Mejoramiento, Moral Cívico y Material, con lo que lograban que los vecinos se pusieran de acuerdo y ellos mismos realizaran las obras necesarias en su comunidad, evolucionando ello hasta nuestros días, donde hay colonias que por voluntad de unos cuantos vecinos, han asumido, por supuesto, con cargo a ellos mismos, los servicios de seguridad pública, recolección de basura, entre otros, llegando a los extremos de contratar multimillonarias obras hasta para hacer subterráneas las líneas de electricidad, cable, teléfono, entre otras.

Todos esos servicios corresponden únicamente al Municipio, el cual ha tolerado que se constituyan como Asociaciones Civiles que no solo presten esos servicios, sino que además pongan, con la autorización de una supuesta Asamblea, cuotas para cubrir el costo de las mismas, y en muchas ocasiones, hasta intereses que son la envidia de cualquier agiotista. Pero, ¿podrá dicha asociación civil cobrar a los colonos las cuotas?, la respuesta es NO, salvo que se trate de condominios.

Los directivos de estas asociaciones, que nadie sabe quién los nombró, pretenden engatusar a los ciudadanos con el argumento de que solo por vivir en la Colonia, son miembros de la citada asociación, y por ende deben cubrir cuotas, amenazándolos inclusive de moratorios impagables y el embargo por parte del ayuntamiento.

Existan Juntas de Colonos decentes que su única preocupación es prestar servicios municipales en sustitución de los deficientes municipales, o que en seguridad publica brindan servicios de seguridad en la colonia, ya que las patrullas de Zapopan solo se ven en videocorridos o como escoltas de algunos funcionarios, y cuando las requieren pareciera que corren en sentido contrario al llamado.

Usted no tiene obligación. Es voluntario pagar ese tipo de cuotas, ya que son servicios públicos que debe prestar el Municipio.

hromero@correduria58.com

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